En una conversación con EL TIEMPO, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, se refirió a la emergencia económica declarada por el Ejecutivo y aseguró que la corporación legislativa revisará los decretos que se expidan en ese marco. La declaración marca la posición inicial del Legislativo frente a una figura constitucional que le otorga al Gobierno facultades extraordinarias para atender una crisis.
Henríquez también sostuvo que el diálogo con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es fluido. Esa percepción de comunicación permanente es relevante porque las emergencias económicas suelen acompañarse de choques entre ramas del poder público, sobre todo cuando el Congreso debe ejercer el control político sobre decretos con fuerza de ley.
La figura de la emergencia económica está contemplada en la Constitución y permite al Gobierno dictar decretos con fuerza de ley para conjurar una crisis. Tras su declaratoria, el Congreso tiene la competencia de estudiar, modificar y, en algunos casos, derogar esas normas. La revisión congresal es, en la práctica, uno de los principales contrapesos institucionales al uso de esas facultades.
La afirmación del presidente del Congreso se conoce en un momento en el que el país observa con atención cómo se concreta el decreto que declara la emergencia y qué sectores serán los primeros en sentir sus efectos. Las emergencias económicas pasadas, como las de 1998 y 2009, estuvieron seguidas de debates prolongados sobre su conveniencia, su alcance y su costo fiscal.
Para la ciudadanía, el desenlace de esa revisión es clave porque los decretos derivados de la emergencia pueden modificar impuestos, fijar nuevas reglas para sectores estratégicos o habilitar giros presupuestales sin trámite ordinario. Cada uno de esos cambios impacta de manera directa en hogares, empresas y trabajadores, según el contenido específico de cada norma.
El tono conciliador expresado por Henríquez sugiere, en principio, una ruta de trabajo conjunto entre el Gobierno y el Congreso. Sin embargo, esa fluidez no excluye la posibilidad de discusiones de fondo cuando lleguen los textos concretos al Legislativo, donde cada bancada evalúa los decretos a la luz de su agenda y de su lectura sobre la situación del país.
Lo que queda por verse es el calendario de la revisión. El Congreso suele fijar plazos para estudiar los decretos de emergencia y convocar a ministros y voceros del Gobierno a debates de control político. La manera como se organicen esas sesiones permitirá medir la profundidad del diálogo que Henríquez describió ante EL TIEMPO.
Por ahora, la afirmación del presidente del Congreso deja un mensaje claro: la corporación no se marginará del examen de la emergencia económica y, al mismo tiempo, no descarta trabajar de la mano con el Ejecutivo. El equilibrio entre esas dos posturas será el que defina el rumbo de las próximas semanas legislativas.