El Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, empezó a regir y se convierte en el nuevo marco que regula el porte de armas en Colombia. La norma actualiza los criterios que deben cumplir los ciudadanos para solicitar este permiso ante las autoridades competentes.
En diálogo con Infobae, la abogada penalista Sharon Castillo hizo un análisis detallado de los alcances de la norma. Según explicó, el decreto no solo retoma la figura del porte de armas, también introduce condiciones específicas que, en su lectura, obligan a revisar caso por caso cada solicitud.
Castillo calificó como “una regla importantísima” uno de los puntos del decreto. Aunque Infobae no detalla en el extracto cuál es esa regla, la penalista insistió en que su aplicación práctica cambia la forma en que los jueces y la fuerza pública deben evaluar las peticiones de los ciudadanos.
La figura del porte de armas en Colombia estuvo suspendida por varios años. Antes de esa suspensión, el permiso se concedía bajo criterios de necesidad y convivencia, y su restricción se justificó en argumentos de seguridad y en la reducción de la violencia armada en zonas urbanas.
Con la expedición del Decreto 1368 de 2026, el Gobierno reabre la puerta a que los colombianos puedan solicitar nuevamente el porte de armas, siempre que cumplan los requisitos fijados en la norma. El control queda en manos de la fuerza pública, que deberá verificar cada solicitud.
Para los ciudadanos, el impacto es directo. Quienes necesiten portar un arma de fuego deberán conocer las nuevas condiciones, reunir la documentación exigida y tramitar el permiso ante las autoridades. Quienes ya tengan armas inscritas también deben revisar cómo los afecta la actualización normativa.
En el plano institucional, el decreto compromete a la fuerza pública y a la rama judicial. La policía deberá estudiar cada petición con los nuevos criterios y los jueces deberán resolver los recursos que se presenten cuando una solicitud sea negada, aplicando los parámetros del decreto.
La entrada en vigencia de esta norma reabre el debate público sobre el equilibrio entre el derecho a la defensa y el control de armas. Sectores a favor del porte argumentan que permite proteger la vida en zonas de riesgo. Sectores en contra alertan sobre el riesgo de aumentar la circulación de armas en las ciudades.
Sharon Castillo, en su análisis recogido por el medio, llamó la atención sobre la necesidad de que los ciudadanos consulten a un abogado antes de iniciar cualquier trámite. La penalista recordó que el incumplimiento de los nuevos requisitos puede generar sanciones penales.
El Gobierno no ha anunciado hasta ahora decretos reglamentarios adicionales al 1368, pero la norma abre la puerta a nuevos pronunciamientos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que deberán ajustar sus procedimientos internos a lo dispuesto en el decreto.