El grupo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella centra su atención en un decreto expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que, según la fuente, incrementó las primas de ciertos funcionarios de esa cartera hasta alcanzar los 670 millones de pesos. La revisión hace parte del inventario de actos administrativos que la transición evalúa antes del cambio de gobierno.
De acuerdo con Infobae, la mirada del equipo entrante no se limita a ese decreto. También tiene bajo revisión otras 141 resoluciones y más de 40 decretos que, según el mismo reporte, habrían flexibilizado las reglas de la carrera diplomática en los últimos años. El propósito declarado es identificar decisiones que podrían comprometer el manejo del servicio exterior.
La Cancillería es la entidad encargada de la política exterior de Colombia y de la administración del servicio diplomático, incluido el régimen de carrera que regula el ingreso, los ascensos y las remuneraciones de los funcionarios en el exterior. Cualquier modificación a ese régimen, según expertos en función pública consultados en otras ocasiones, suele tener efectos directos sobre la rotación del personal y la continuidad de los trámites consulares.
Entre los puntos bajo escrutinio aparece el convenio con la Imprenta Nacional para la fabricación de pasaportes, un documento de identificación esencial para los colombianos en el extranjero. Infobae señala que el equipo de empalme busca entender los alcances de ese acuerdo y su relación con los cambios administrativos que denuncia.
Para los ciudadanos, el eventual impacto de estas decisiones se traduce en aspectos concretos: la atención en consulados, los tiempos de expedición de pasaportes y la estabilidad de los funcionarios que prestan ese servicio. Una reconfiguración del régimen de carrera, si se confirma, podría abrir procesos de reasignación o reincorporación de personal diplomático.
El equipo de empalme todavía no ha anunciado decisiones concretas sobre estos actos administrativos. Su tarea, en esta fase, consiste en levantar un diagnóstico y presentarlo al nuevo gabinete para que determine si algunos de esos decretos o resoluciones deben ser derogados, suspendidos o revisados en detalle.
La revisión se da en un contexto de transición entre gobiernos, periodo en el que es habitual que los equipos entrantes examinen los actos expedidos al final del mandato saliente. En Colombia, esa labor suele coordinarse con la Oficina de Planeación y con las propias dependencias, que entregan los inventarios de gestión.
Queda por verse qué recomendaciones específicas formulará el equipo de De la Espriella al presidente electo una vez termine su análisis. Infobae indica que el informe incluiría un listado priorizado de los actos administrativos que, a juicio del empalme, requieren una intervención inmediata del nuevo gobierno.