Equipo de transición de Abelardo de la Espriella reporta más de 170 posibles irregularidades en contratos del Gobierno Petro

El equipo de trabajo designado por el presidente Abelardo de la Espriella, en ejercicio de funciones propias del período de transición, reportó la detección de más de 170 posibles irregularidades en contratos suscritos durante la administración de Gustavo Petro. La información fue divulgada por Infobae y corresponde a una primera revisión documental, no a decisiones administrativas en firme.

El universo de expedientes señalados abarca entidades de distinto orden y sector. Entre los casos revisados figuran convenios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), procesos de Ecopetrol y presuntas anomalías en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en empresas electrificadoras del Estado. La diversidad de entidades sugiere que la revisión no se concentró en un solo sector sino que siguió el rastro de convenios y contratos que, por su monto o por alertas previas, llamaron la atención del equipo entrante.

La SAE administra bienes con medida de extinción de dominio y maneja contratos que suelen ser sensibles por los recursos involucrados y por la naturaleza de los activos. El ICBF ejecuta programas de protección a la infancia y de nutrición escolar, por lo que cualquier cuestionamiento contractual en esa entidad tiene efectos directos sobre la población atendida. Ecopetrol, por su parte, concentra buena parte de la contratación pública en exploración, producción y refinación, lo que convierte cada proceso en un punto de observación para la opinión y los mercados.

Invías tiene a su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura vial en zonas donde el Estado ha asumido compromisos directos de conectividad, y las electrificadoras prestan el servicio de energía en regiones apartadas, donde la contratación suele ser determinante para la calidad del servicio. La presencia de estas dos entidades en el listado implica que la revisión también puso la lupa sobre cómo se asignaron obras y cómo se garantizó la cobertura eléctrica durante el Gobierno Petro.

Hasta ahora no se conoce un detalle público de cada uno de los más de 170 casos. El reporte periodístico describe la existencia de presuntas irregularidades, no fallos administrativos ni judiciales en su contra. Eso significa que el equipo de transición compiló documentos e identificó alertas que, según Infobae, ameritan una revisión más profunda, la cual corresponderá a los organismos de control competentes.

El contexto institucional es relevante. En Colombia, los hallazgos de un equipo de transición pueden trasladarse a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación o a la Fiscalía General de la Nación, según la naturaleza del hallazgo. También pueden alimentar debates en el Congreso sobre citaciones a ministros o debates de control político durante las primeras semanas del nuevo gobierno.

Para la ciudadanía, el alcance de la lista es importante porque toca entidades que entregan bienes, servicios sociales, energía y vías. Una eventual revisión de fondo puede derivar en investigaciones administrativas, en modificaciones de procesos de selección y, en casos extremos, en la apertura de procesos disciplinarios o penales contra funcionarios o contratistas. Por ahora, no se reportan decisiones en firme que cambien contratos vigentes.

El reporte abre, además, una fase de expectativa sobre cuál será el manejo público del inventario. Es previsible que en las próximas semanas el equipo de transición o voceros del nuevo gobierno den a conocer criterios de priorización y casos emblemáticos. También queda pendiente definir si los hallazgos se entregan de manera consolidada a los órganos de control o si cada cartera deberá asumir su propia revisión interna.