El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella radicó una denuncia penal contra la suscripción de una asesoría legal de Ecopetrol que superó los 21.108 millones de pesos. Según el extracto publicado por Infobae, la acción penal apunta a posibles delitos en la celebración de ese contrato, que habría terminado beneficiando a una firma asesora particular.
La denuncia llega en pleno proceso de transición hacia el nuevo gobierno. El empalme presidencial es la instancia que recibe la información de las distintas entidades del Estado para preparar la administración entrante. Que ese equipo sea el que pone la queja le da al caso un perfil institucional desde el primer momento y lo separa de una denuncia ciudadana aislada.
Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y el principal motor de ingresos del presupuesto nacional por concepto de dividendos y regalías. Sus contratos están sometidos al régimen de contratación pública y al control de organismos como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Cualquier señalamiento sobre un contrato por más de 21.000 millones de pesos activa de forma inmediata los protocolos de revisión interna y de seguimiento de los entes de control.
La asesoría legal objeto de la denuncia es, según la fuente, una de las modalidades contractuales más sensibles de Ecopetrol. Las firmas externas suelen asumir procesos judiciales, arbitrajes internacionales o asesorías en operaciones de gran tamaño. Cuando un contrato de esa naturaleza supera los 21.000 millones de pesos, las exigencias de transparencia, selección objetiva y trazabilidad se vuelven determinantes, porque cualquier vicio de trámite puede comprometer la defensa de los intereses de la compañía.
La figura penal que se suele invocar en este tipo de hechos es el de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, recogido en el Código Penal colombiano. También pueden aparecer referencias a peculado, interés indebido en la celebración de contratos o violación del régimen de inhabilidades. La denuncia del empalme deja planteados los posibles delitos y corresponde ahora a la Fiscalía establecer si existen méritos para abrir investigación formal y asignar un despacho del cuerpo técnico de investigación.
Para los ciudadanos, el caso tiene una lectura doble. Por un lado, las denuncias de equipos de gobierno entrantes se han vuelto una herramienta para marcar el terreno sobre cómo se recibirá el Estado. Por el otro, la sola interposición de la acción penal no implica una condena. Es apenas el inicio de un proceso en el que la carga de la prueba recae en la Fiscalía y en las autoridades judiciales.
Dentro de Ecopetrol, el contrato mencionado puede ser revisado por la Oficina de Cumplimiento y por la Junta Directiva, que tiene entre sus funciones velar por la integridad de la gestión contractual. La empresa suele pronunciarse en estos casos mediante comunicados oficiales en los que entrega su versión sobre los procesos de selección, los criterios técnicos y los resultados obtenidos por la asesoría contratada.
Como el extracto publicado por Infobae no incluye nombres de los funcionarios firmantes, ni la fecha exacta del contrato, ni el detalle de la firma favorecida, estos datos tendrán que ser precisados por la Fiscalía y por la propia Ecopetrol en el curso de las indagaciones. La siguiente etapa natural del caso es la asignación de un fiscal, la recolección de pruebas y la decisión sobre si se imparte una apertura de investigación o se archiva la denuncia.
El gobierno que comienza a prepararse deberá decidir si eleva el caso a instancias internacionales, si solicita acompañamiento de la Procuraduría o si lo deja exclusivamente en la justicia ordinaria. La denuncia queda entonces en manos de los investigadores y tribunales competentes, que son los llamados a determinar si hubo o no irregularidad en la suscripción de la asesoría legal de Ecopetrol.