El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la situación jurídica del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega y sostuvo que el Estado colombiano tiene el deber de acompañarlo. El pronunciamiento se da en medio de un juicio civil que el ex alto oficial enfrenta en Miami, según reportó El Heraldo.
Plazas Vega es uno de los oficiales señalados por su participación en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, una operación militar ordenada para recuperar la sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que habían sido tomadas por un comando del M-19. En ese episodio murieron magistrados, empleados judiciales, guerrilleros y visitantes, y varias personas más fueron desaparecidas.
Entre los desaparecidos figura el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya familia ha promovido acciones judiciales para establecer las circunstancias de su salida del edificio. El coronel Plazas Vega ha sido uno de los militares vinculados a las investigaciones por estos hechos y, según la fuente, actualmente responde en un proceso civil en una corte de Miami.
La posición del jefe de Estado se conoce en un momento en el que la jurisdicción sobre los hechos del Palacio de Justicia sigue generando decisiones en distintas instancias. A lo largo de los años, la justicia colombiana ha emitido condenas y absoluciones en el fuero penal, mientras que en el plano internacional existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición de personas en la retoma.
Según El Heraldo, la declaración del presidente se centra en el acompañamiento institucional al oficial y no detalla aún qué tipo de apoyo se ofrecería. El caso civil en Miami vincula a Plazas Vega y a otros demandados por hechos derivados de lo ocurrido en 1985, y allí se debaten responsabilidades patrimoniales y personales ante la justicia estadounidense.
La afirmación del presidente reabre el debate sobre el alcance del respaldo del Estado a sus uniformados en retiro frente a procesos judiciales internacionales. Distintos sectores han pedido en otras ocasiones que el Palacio de Justicia sea objeto de una verdad judicial completa, con identificación de todos los desaparecidos y de las cadenas de mando que intervinieron en la operación.
Para las víctimas y sus familias, el expediente del Palacio de Justicia sigue abierto más de tres décadas después. Organizaciones de derechos humanos han reclamado que se aclaren las circunstancias de la muerte y desaparición de cada una de las personas que estaban en el edificio, incluidos los once magistrados de la Corte Suprema que perdieron la vida en la retoma.
El pronunciamiento presidencial se produce en un contexto en el que el gobierno colombiano ha reiterado su respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía en escenarios nacionales e internacionales. Queda por verse si la defensa institucional anunciada tendrá repercusiones en el trámite del juicio civil en Miami o si el caso avanzará de manera independiente a las declaraciones del jefe de Estado.
Por ahora, la declaración del presidente sitúa la responsabilidad del acompañamiento en el Estado colombiano y deja abierta la expectativa sobre las decisiones que se adopten en las próximas semanas, tanto en la corte estadounidense como en los procesos que aún se tramitan en Colombia por los mismos hechos.