El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de Euclides Torres y Martha Peralta, dos figuras que aparecen en la lista de políticos y empresarios que el presidente Abelardo de la Espriella solicitó fueran apartados del sistema migratorio estadounidense. La medida fue reportada por La FM y se conoce en medio de una revisión bilateral de posibles sanciones adicionales.
De la Espriella entregó a las autoridades norteamericanas un listado con nombres de personas a las que considera objeto de restricciones migratorias. Torres y Peralta son, hasta ahora, los dos primeros nombres de esa lista con acciones concretas desde Washington. La Presidencia no ha detallado el resto de los incluidos ni los motivos específicos que justifican cada señalamiento.
La Cancillería colombiana confirmó que junto con entidades estadounidenses se analizan posibles sanciones económicas y financieras contra los mismos nombres o contra otros vinculados. Las medidas podrían incluir bloqueos de cuentas, restricciones comerciales y limitaciones a operaciones en dólares, un mecanismo que ambos países han utilizado en casos de corrupción y narcotráfico.
Euclides Torres es un dirigente político conocido en la vida pública colombiana. Martha Peralta, por su parte, figura como empresaria. Ambos habían mantenido vínculos de movilidad con Estados Unidos que, con la revocatoria, quedan suspendidos mientras se resuelvan los procesos abiertos en cada país.
El episodio ocurre en un contexto de cooperación judicial y migratoria fluida entre Bogotá y Washington. La DEA, el Departamento de Estado y la Fiscalía colombiana mantienen canales permanentes de intercambio de información sobre lavado de activos, narcotráfico y financiación de campañas. Las revocatorias de visa suelen ser el primer paso de investigaciones más amplias que pueden terminar en sanciones financieras o en procesos penales.
Para los ciudadanos, las implicaciones son directas: quienes aparecen en este tipo de listados pierden la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense y, en muchos casos, enfrentan dificultades para mover capitales o mantener cuentas en bancos con corresponsalía norteamericana. Varios gremios han pedido que los procesos respeten el debido proceso y que se publiquen los fundamentos de cada señalamiento.
Desde la oposición y desde sectores empresariales, distintas voces han reclamado transparencia sobre los criterios con los que se construyó la lista entregada a Washington. También han pedido que las eventuales sanciones se tramiten por los conductos legales y no queden sujetas a decisiones políticas.
En el frente diplomático, el caso se suma a la agenda bilateral que incluye seguridad, comercio y lucha contra las finanzas ilícitas. El Gobierno no ha precisado si habrá más revocatorias de visa en los próximos días ni cuándo se conocerán los nombres restantes de la lista. Las autoridades estadounidenses, por su parte, no se han pronunciado públicamente sobre los motivos individuales de cada cancelación.