La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que está lista para realizar un empalme técnico con el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella. Así lo dio a conocer Caracol Radio, que reportó la disposición del tribunal transitorio encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano.
El magistrado Alejandro Ramelli, integrante de la JEP, pidió preservar la institucionalidad del Acuerdo de Paz. Su pronunciamiento se enmarca en la transición de gobierno y en la necesidad de que la nueva administración conozca de primera mano el avance de los procesos que adelanta el tribunal.
La JEP fue creada por el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, firmado en 2016. Su mandato incluye investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el marco del conflicto armado.
Dentro de sus funciones principales, el tribunal tramita los casos de excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles vinculados al conflicto. También debe pronunciarse sobre la responsabilidad de los máximos responsables de los delitos más graves, así como sobre la reparación a las víctimas.
El ofrecimiento de empalme técnico implica que la JEP pondrá a disposición del nuevo gobierno información detallada sobre el estado de cada uno de los macrocasos que están en curso, las sanciones propias y alternativas impuestas, y el avance en la implementación de los compromisos derivados del Acuerdo.
La continuidad de la JEP es un tema sensible en la política colombiana. Distintos sectores han debatido sobre la permanencia, las modificaciones y el alcance de la jurisdicción transicional. Por eso, el llamado de Ramelli a preservar la institucionalidad del Acuerdo cobra relevancia en este contexto de cambio de gobierno.
Para las víctimas del conflicto, el empalme resulta fundamental. Ellas son sujetos procesales dentro de la JEP y dependen de que las decisiones tomadas en los últimos años tengan continuidad. Cualquier vacío institucional podría afectar los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El gobierno entrante tendrá ahora la tarea de evaluar la información entregada y definir la relación con la JEP durante su mandato. Aún no se conocen pronunciamientos oficiales del equipo de De La Espriella sobre los ajustes que pueda plantear a la justicia transicional.
Queda pendiente la fecha en que se realizará el empalme, los equipos designados por cada parte y los puntos específicos que se abordarán. La expectativa es que el proceso se adelante con celeridad para evitar incertidumbres sobre el futuro de los más de cien mil Comparecientes que hacen parte de la jurisdicción.