El presidente Abelardo de La Espriella afirmó que el Presupuesto General de la Nación para el próximo año se financiará en un 44% con deuda, según declaró a Portafolio. La cifra corresponde, según sus palabras, a compromisos heredados de la administración de Gustavo Petro.
De La Espriella fue más allá y sostuvo que el país está pagando deuda del derroche. La frase resume el eje de su argumento: que el nivel de endeudamiento dejado por el gobierno anterior compromete una porción creciente del presupuesto nacional.
El dato más concreto que ofreció el presidente es el del servicio de la deuda para el año entrante. Se trata del dinero que el Estado debe destinar al pago de intereses y capital de los créditos vigentes. Ese rubro, según De La Espriella, llegará a 155 billones de pesos, 55 billones más que en el periodo anterior.
Para dimensionar la diferencia basta comparar los dos montos. Pasar de 100 billones a 155 billones en un solo año implica un salto de 55 billones solo en servicio de deuda. Esos recursos salen del presupuesto antes de financiar inversión social, infraestructura o funcionamiento ordinario del Estado.
El contexto fiscal colombiano viene marcado por varios años de déficits crecientes. Cada vez que el gobierno de turno gasta más de lo que recauda, emite deuda para cubrir la diferencia. Esa deuda se acumula y, con el paso del tiempo, una porción mayor del presupuesto se destina solo a servirla, no a pagar el capital original.
El Presupuesto General de la Nación se divide entre ingresos corrientes, como impuestos, y recursos de crédito. Si el 44% proviene de deuda, eso significa que menos de la mitad del presupuesto se sostiene con recaudación tributaria y otras fuentes ordinarias. El resto depende de lo que se logre colocar en los mercados.
Para los ciudadanos, el efecto práctico es doble. Por un lado, menos margen para inversión en sectores como salud, educación o vías. Por el otro, una mayor exposición a las condiciones del mercado financiero internacional: tasas de interés globales, calificación de riesgo y acceso a crédito.
La declaración de De La Espriella se conoce en medio del trámite presupuestal que debe surtirse en el Congreso. Falta ver si el porcentaje definitivo de deuda en el presupuesto se mantiene en ese rango o si, tras la discusión legislativa, cambia. También está pendiente la reacción del gobierno saliente y de los equipos económicos.
Por ahora, la afirmación presidencial pone sobre la mesa un debate fiscal que atravesará el primer año de la nueva administración. La pregunta de fondo es cómo se concilian las metas sociales con un presupuesto cada vez más consumido por el pago de deuda.