Días después de la muerte de alias Bendito Menor, su estructura criminal volvió a hacer exhibición pública de poder en Riohacha. Según videos obtenidos por Infobae, una caravana multitudinaria recorrió varias calles de la ciudad durante el funeral del jefe, escoltada por hombres armados que dispararon al aire y corearon mensajes de respaldo al fallecido.
Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, muestran vehículos en fila, armas largas a la vista y disparos al aire en una zona urbana de la capital de La Guajira. Para habitantes de Riohacha consultados por el medio, el hecho revive el patrón de intimidación que han sufrido distintos municipios del departamento, donde la presencia de grupos armados limita la movilidad y la actividad económica de comunidades enteras.
El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó con una declaración pública en la que advirtió a los participantes de la caravana. Con la frase “están advertidos, miserables”, el jefe de Estado dio la orden a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía de identificar a cada uno de los hombres armados que aparecen en los videos y avanzar en su judicialización. La instrucción se enmarca en la línea de choque frontal que el Gobierno ha sostenido contra las organizaciones criminales que delinquen en el Caribe colombiano.
La estructura a la que pertenecía Bendito Menor opera en La Guajira y en zonas del Cesar y Magdalena, según el reporte de Infobae. Su actividad incluye el control del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a comerciantes y transportadores en corredores estratégicos del norte del país. Con la muerte de su líder, la sucesión al interior del grupo se vuelve un foco de atención para las autoridades, que temen una disputa interna o un rearme violento.
La Guajira atraviesa desde hace años una crisis humanitaria y de orden público que combina desnutrición infantil, desabastecimiento de agua y disputa territorial entre bandas. Eventos como el registrado en Riohacha evidencian que las estructuras armadas conservan capacidad de convocatoria y de movilizar logística en centros urbanos, pese a los operativos de las Fuerzas Militares y de la Policía. Esa percepción alimenta la desconfianza ciudadana en la respuesta estatal.
Organizaciones de derechos humanos recordaron que la presencia de armados en actos públicos configura una violación al Derecho Internacional Humanitario cuando afecta a la población civil y un delito común sancionable por la legislación penal colombiana. Pidieron a la Fiscalía avanzar en investigaciones rápidas y transparentes, y a la Policía Judicial entregar resultados concretos sobre los identificados en los videos, en lugar de quedarse en pronunciamientos oficiales.
Sectores políticos de la región aprovecharon el episodio para pedir al Gobierno reforzar el pie de fuerza en La Guajira y reactivar los consejos de seguridad departamentales. Alcaldes de municipios cercanos han solicitado acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, sobre todo en zonas rurales donde la extorsión y el reclutamiento de menores no se han detenido.
Por ahora, la orden presidencial se traduce en un compromiso público de resultados. La Fiscalía y la Policía Nacional deberán informar si los rostros y placas de los vehículos registrados en los videos fueron individualizados y si existen órdenes de captura en curso. La atención se centra en Riohacha y en los municipios vecinos, donde la sucesión al interior de la estructura criminal podría disparar nuevos hechos de violencia en las próximas semanas.