Jorge Iván Cuervo, quien se desempeñó como ministro de Justicia, aseguró que la política de Paz Total arrancó sin una hoja de ruta legal clara, lo que a su juicio dejó vacíos que siguen vigentes en la manera como el Estado se relaciona con las organizaciones armadas. El exministro reconoció errores en el diseño inicial de la estrategia, según reportó Infobae.
Cuervo sostuvo que esa falta de estructura jurídica desde el arranque debilitó la arquitectura institucional del proceso. En sus palabras, sin un marco legal definido, los contactos con los grupos armados se manejaron en zonas grises que comprometieron la coherencia de la política pública.
Las declaraciones del exministro causaron incomodidad en la Casa de Nariño, de acuerdo con la fuente. La reacción del Gobierno evidencia la sensibilidad política que rodea a la Paz Total, una de las banderas centrales de la administración en materia de orden público y negociación con estructuras ilegales.
La Paz Total fue concebida como una estrategia integral para avanzar simultáneamente en diálogos con grupos armados y en sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. La ley que le dio marco, la Ley 2272 de 2022, estableció figuras como el diálogo socio-jurídico y los espacios de conversación socio-jurídica, pero su implementación ha enfrentado retos en la práctica.
Expertos y exfuncionarios han señalado en distintos momentos que la transición entre la lógica de la negociación política con grupos como las FARC y la atención simultánea a estructuras narcocriminales generó tensiones conceptuales. El reconocimiento de Cuervo se suma a ese debate sobre los límites del enfoque.
Para los ciudadanos, las implicaciones de la Paz Total son directas. En las regiones donde operan los grupos armados, la presencia del Estado, la seguridad de las comunidades y la atención a víctimas dependen de que los procesos de diálogo o sometimiento avancen con reglas claras y resultados verificables.
En el plano institucional, el debate abierto por el exministro reabre la pregunta sobre si el país necesita ajustes legislativos para fortalecer los mecanismos de conversación y verificación con los grupos armados. Sectores políticos han propuesto en el pasado modificaciones al marco legal vigente.
La Casa de Nariño, según Infobae, tomó con incomodidad los señalamientos de Cuervo por el momento político en que se producen y por venir de alguien que hizo parte del equipo que diseñó la estrategia. La gestión del exministro y sus declaraciones ahora forman parte del debate público sobre el rumbo de la política de paz.
Queda pendiente conocer si el Gobierno responderá de manera oficial a los cuestionamientos del exministro y si el Congreso retomará la discusión sobre ajustes al marco legal de la Paz Total. Mientras tanto, las comunidades en zonas de conflicto siguen esperando resultados concretos en materia de seguridad y protección de derechos.