El dato central lo aporta un estudio divulgado por La FM: más de la mitad de los trabajadores independientes del país se formalizaría si existieran mejores condiciones en salud y pensión. La cifra describe una relación directa entre la calidad de los beneficios sociales y la decisión de salir de la informalidad.
En Colombia, los trabajadores independientes son quienes ejercen su actividad por cuenta propia, sin un contrato laboral con un empleador. Históricamente este grupo ha concentrado buena parte de la informalidad nacional, lo que los deja por fuera de la seguridad social contributiva o con afiliaciones parciales y de bajo monto.
La petición, según el titular de La FM, se dirige de manera explícita al gobierno de Abelardo de la Espriella. Esto ubica el debate en el arranque de la administración, cuando se suelen delinear las prioridades de política social y laboral del cuatrienio.
El sistema de salud colombiano funciona principalmente con dos regímenes: el contributivo, financiado por aportes de trabajadores y empleadores, y el subsidiado, que cubre a la población más vulnerable. Los independientes pueden afiliarse como cotizantes, pero deben asumir la totalidad del aporte, que suele ser elevado frente a sus ingresos variables.
En pensiones ocurre algo similar. La cotización al sistema general de pensiones es obligatoria para quienes tienen capacidad de pago, pero el monto y la continuidad dependen del ingreso declarado. Para un independiente con ingresos fluctuantes, mantener una cotización completa resulta difícil, y una cotización baja se traduce en mesadas reducidas al final de la vida laboral.
El estudio sugiere que la barrera para formalizarse no es principalmente cultural ni tributaria, sino de acceso real a la protección social. Si el Estado ofreciera condiciones más accesibles, una porción mayor de estos trabajadores estaría dispuesta a hacer aportes regulares y a integrarse al sistema contributivo.
Para la ciudadanía, la diferencia es concreta. Un independiente formal accede a atención en salud sin pagos de bolsillo en momentos de urgencia, acumula semanas cotizadas para pensión y, en muchos casos, accede a riesgos laborales y a una caja de compensación. Un informal queda expuesto a gastos médicos altos y a no reunir las semanas mínimas para pensionarse.
Desde el punto de vista fiscal, ampliar la formalidad tiene un efecto directo sobre los recursos de la seguridad social. Más cotizantes significan más ingresos para las administradoras de fondos de pensiones y para las EPS, lo que mejora la sostenibilidad de ambos sistemas. Esa es una de las razones por las que el tema suele estar en la agenda de cualquier reforma laboral.
Queda pendiente conocer la posición oficial del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre estas solicitudes. También está por verse si la administración planteará cambios en los aportes a salud y pensión para independientes, o si abrirá una mesa de diálogo con agremiaciones y plataformas de trabajadores por cuenta propia. La FM será una de las fuentes a seguir para conocer los anuncios.
Por ahora, el estudio deja una señal clara para el nuevo gobierno: los propios trabajadores independientes piden condiciones mejores para dar el paso a la formalidad, y la respuesta que se les dé marcará el tono de la política laboral de los próximos años.