El presidente Abelardo de la Espriella dirigió una advertencia al gobernador de Nariño por los diálogos de paz que esa región adelantó en el pasado. La comunicación se produce en un contexto de revisión nacional sobre los procesos de diálogo regional y su articulación con la política de paz del Gobierno.
De acuerdo con la información conocida, la advertencia se refiere específicamente a las conversaciones que el departamento sostuvo con grupos armados fuera del marco nacional. En anteriores administraciones, mandatarios locales han explorado acercamientos humanitarios y mesas de trabajo con estructuras ilegales presentes en sus territorios, una práctica que suele generar tensiones con el Ejecutivo cuando no hay coordinación previa.
Nariño es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados y por hechos de violencia relacionados con economías ilícitas. Esa condición ha llevado a distintos actores, incluidos algunos gobiernos locales, a buscar canales de interlocución quepermitan atender la situación de las comunidades. La gestión de esos diálogos, sin embargo, ha sido materia de disputa entre la nación y los territorios.
La figura del gobernador en Colombia tiene competencias propias en materia de orden público y convivencia, según lo previsto en la Constitución y la ley. Al mismo tiempo, la conducción de las negociaciones con grupos armados al margen de la ley es una competencia del nivel nacional, lo que suele alimentar la discusión cuando se anuncian acercamientos en los departamentos sin el aval del Gobierno.
La advertencia presidencial se conoce días después de que el tema de los diálogos regionales volviera al debate público por pronunciamientos de distintos sectores. Organizaciones sociales, gremios y víctimas han pedido claridad sobre las reglas con las que se adelantarán eventuales conversaciones en los territorios.
Para los habitantes de Nariño, la aclaración sobre quién habla y bajo qué condiciones con los grupos armados tiene efectos prácticos. En municipios con presencia de estas estructuras, las decisiones sobre interlocución inciden en la protección de líderes sociales, en la seguridad de las comunidades y en la continuidad de programas sociales.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público del gobernador de Nariño sobre el contenido específico de la advertencia presidencial. Tampoco se ha informado de la apertura de ningún procedimiento disciplinario o de control político derivado de este cruce.
El episodio deja sobre la mesa una pregunta que el Gobierno tendrá que responder en las próximas semanas: cuál será el protocolo que deberán seguir los mandatarios locales si buscan abrir canales de interlocución con grupos armados. Esa definición es clave para evitar nuevas fricciones entre la Casa de Nariño y los departamentos.