El Gobierno Nacional viene preparando un Estatuto Antiterrorista que será presentado al Congreso de la República. La propuesta incluye la creación de nuevas conductas punibles, el endurecimiento de las sanciones ya existentes y la puesta en marcha de un sistema de registro de organizaciones consideradas de carácter terrorista, según reportó 360 Radio.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la persecución de las finanzas de estos grupos. Para ello, el estatuto contempla medidas orientadas a rastrear, congelar y afectar los activos vinculados a actividades terroristas, en línea con los estándares internacionales que Colombia ya ha suscrito en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La figura del registro de organizaciones busca llenar un vacío que distintas voces del sector justicia han señalado en los últimos años. Hoy no existe en Colombia un listado oficial y público con criterios claros sobre qué agrupaciones son consideradas terroristas, lo que dificulta las decisiones judiciales y las actuaciones de las autoridades.
Colombia vive un contexto de seguridad complejo, con presencia de grupos armados como el ELN, disidencias de las extintas FARC, estructuras narcoparamilitares y células del narcotráfico trasnacional. La discusión sobre cómo tipificar y perseguir el terrorismo se reactivó tras varios ataques contra la fuerza pública y la población civil en distintas regiones del país.
Expertos en derecho penal consultados en distintos debates han planteado que endurecer las penas no siempre reduce la amenaza terrorista. Han insistido, en cambio, en la necesidad de fortalecer la inteligencia, la coordinación entre agencias y los protocolos de protección a víctimas y testigos, elementos que, según el reporte, también hacen parte del articulado.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato es difícil de medir mientras no se conozca el texto definitivo. Lo que sí quedaría claro desde el inicio es el alcance de las nuevas conductas, los bienes que podrían ser objeto de extinción de dominio y la forma en que las personas u organizaciones serían incluidas en el registro nacional.
El proyecto llegará al Congreso en un momento en que el legislativo tramita otras reformas sensibles del orden penal y de seguridad. El Gobierno deberá construir mayorías alrededor de una iniciativa que, por su alcance, también ha sido mirada con atención por organizaciones de derechos humanos, preocupadas por posibles efectos sobre líderes sociales y sindicales.
Quedan varios pendientes sobre la mesa. Falta conocer el texto definitivo del proyecto, los debates en comisiones primeras conjuntas y las modificaciones que surjan en el trámite. También está por definirse la reglamentación del registro de organizaciones y los protocolos de las entidades financieras para reportar operaciones sospechosas vinculadas al terrorismo.