El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, prepara un nuevo estatuto antiterrorista que será presentado ante el Congreso de la República. Así lo reportó 360 Radio, medio que reveló la existencia del borrador en elaboración.
De acuerdo con la información publicada por la fuente, el propósito central del proyecto es establecer una definición legal de qué organizaciones pueden ser calificadas como terroristas. Esa precisión, ausente hasta ahora en la legislación vigente, es justamente el eje de la iniciativa según lo anticipado por 360 Radio.
En Colombia, el delito de terrorismo está tipificado en el Código Penal y cuenta con un marco normativo disperso en varias leyes y decretos. Expertos en seguridad han señalado durante años que esa dispersión dificulta el procesamiento penal de estructuras armadas y limita la respuesta estatal frente a nuevos tipos de violencia.
Una definición unificada permitiría a la Fiscalía y a los jueces trabajar con un mismo criterio al momento de investigar y juzgar a integrantes de organizaciones armadas. También daría herramientas a las Fuerzas Militares y de Policía para actuar con un sustento jurídico más claro en operaciones contra estructuras que hoy generan debate sobre su naturaleza.
El proyecto contempla, según lo divulgado por 360 Radio, que el texto llegará al Legislativo para iniciar su debate. En el Congreso la iniciativa deberá superar los trámites de comisiones y plenarias en Cámara y Senado antes de convertirse en ley de la República.
Sectores de la sociedad civil y académicos han pedido históricamente que cualquier definición de terrorismo respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Corte Constitucional ha subrayado en varias sentencias que las leyes de seguridad deben guardar proporcionalidad y no criminalizar la protesta social pacífica.
Para los ciudadanos, un estatuto antiterrorista aprobado tendría efectos en la vida cotidiana en la medida en que redefine qué conductas pueden ser sancionadas con penas elevadas y qué organizaciones quedan sujetas a ese régimen. También impacta a las víctimas, que podrían ver modificado el marco de reparación y reconocimiento.
Desde el Ejecutivo no se conocieron, hasta el momento de la publicación de la fuente, detalles sobre el articulado ni sobre los plazos para la radicación del proyecto. Queda por verse si la iniciativa incluirá modificaciones a la Ley de Inteligencia, al régimen de incarceration o a los protocolos de las Fuerzas Armadas.
El próximo paso será conocer el texto definitivo que el Gobierno envíe al Congreso y la fecha de su radicación, dos datos que la fuente consultada no entregó y que serán clave para medir el alcance real del estatuto antiterrorista que empieza a tomar forma.