Según publicó Infobae, el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro trabajaba en un decreto que modificaba el reglamento de diseño y construcción sismorresistente. La propuesta, según la nota, buscaba imponer un modelo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de la fundación GEM, siglas de Global Earthquake Model.
El extracto de Infobae señala que especialistas en ingeniería sísmica consideraban que esa fórmula 'bajaba los coeficientes de diseño'. En términos prácticos, las estructuras se habrían calculado con menor capacidad para resistir sismos fuertes, lo que afecta la seguridad de quienes las habitan.
Colombia se ubica en una zona de alta actividad sísmica por su ubicación en el Cinturón de fuego del Pacífico y por la interacción de las placas tectónicas Nazca, Suramericana y Caribe. Esa condición hace que la normativa de construcción sismorresistente, vigente desde hace décadas y actualizada en varias oportunidades, sea una pieza central de la política de gestión del riesgo.
El modelo del SGC y de GEM que mencionaba la nota es una herramienta de estimación de amenaza sísmica que combina datos geológicos, sismológicos y de fallas geológicas activas. Cambiar los parámetros que alimentan ese cálculo tiene efecto directo en el diseño de edificios, puentes y otras obras de infraestructura.
Para la ciudadanía, el asunto va más allá del debate técnico entre ingenieros. Una modificación en los coeficientes de diseño puede traducirse en edificios residenciales, oficinas, colegios y hospitales con menor margen de seguridad frente a un evento sísmico fuerte, lo que impacta la protección de la vida y el patrimonio de los ocupantes.
El gremio de la construcción y las asociaciones de ingeniería suelen ser voces activas en este tipo de decisiones, porque cualquier cambio normativo redefine responsabilidades de calculistas, revisores y constructores. En el caso reportado por Infobae, la discusión giraba en torno a si el decreto garantizaba o reducía los estándares de protección.
La nota no precisa si el decreto alcanzó a ser expedido, suspendido o si quedó en etapa de borrador. En cualquier caso, el episodio ilustra cómo un ajuste técnico en la normativa puede abrir un debate público sobre la prioridad entre agilidad para construir y resiliencia ante desastres naturales.
Queda pendiente conocer el estado final del trámite, las observaciones técnicas que recibieron los ministerios involucrados y si la transición hacia el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mantiene, ajusta o replantea la propuesta. Cualquier decisión sobre la norma sismorresistente deberá considerar la alta exposición del país a sismos.