En junio pasado, durante la campaña presidencial, Abelardo De la Espriella calificó a la Jurisdicción Especial para la Paz como “un directorio político disfrazado de tribunal”, según registró El Heraldo. El entonces candidato sostuvo que esa instancia fue creada para “lavarle las manos manchadas de sangre a los jefes narcoterroristas de las FARC” y para perseguir de manera humillante a miembros de la Fuerza Pública.
Días después, el presidente de la JEP respondió públicamente a esas afirmaciones. En su pronunciamiento, defendió el tribunal como un componente central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en el proceso de paz. Reiteró que la JEP constituye “el modelo adecuado para poner fin a la guerra en Colombia”, según la información publicada por El Heraldo.
La JEP fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno nacional y las FARC. Su función es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto armado. Además, ofrece tratamientos penales especiales a quienes comparezcan y aporten verdad, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el acuerdo.
El tribunal transicional también tiene competencia sobre los agentes del Estado que participaron en el conflicto. Sus salas evalúan los casos de militares y policías acusados de cometer violaciones en operativos contra grupos armados. Este punto ha generado tensiones con sectores de la Fuerza Pública y con voces políticas que critican el trato diferenciado entre comparecientes.
Críticos como De la Espriella sostienen que la JEP favorece a antiguos combatientes de las FARC y estigmatiza a los uniformados. El presidente del tribunal respondió a esa narrativa subrayando que la jurisdicción opera con criterios de legalidad y que las decisiones se adoptan con base en las pruebas aportadas por las víctimas y las partes.
La respuesta del magistrado ocurre en un contexto de debate sobre los alcances de la justicia transicional en Colombia. Sectores políticos y militares han pedido en reiteradas ocasiones reformas al tribunal, mientras organizaciones de víctimas y de derechos humanos defienden su permanencia como garantía de verdad y reparación.
Para los ciudadanos, el cruce de declaraciones pone sobre la mesa una pregunta pendiente: cuál es el balance entre la justicia para las víctimas, la rendición de cuentas de los excombatientes y la situación de los miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP. El tribunal enfrenta el reto de demostrar resultados concretos en sus investigaciones y sentencias.
La discusión llega además en un momento en que el Gobierno nacional debe pronunciarse sobre eventuales reformas a la implementación del Acuerdo de Paz. El contenido de esas reformas y su articulación con la JEP son asuntos que siguen abiertos y que marcarán la agenda de los próximos meses.
Por ahora, el intercambio entre el presidente de la JEP y Abelardo De la Espriella deja planteada la disputa política sobre el modelo de justicia transicional. La fuente consultada, El Heraldo, registró tanto las declaraciones del entonces candidato como la respuesta del magistrado, y será el desarrollo de los procesos judiciales el que determine los alcances reales del tribunal.