Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, aseguró que la administración que encabezará Abelardo de la Espriella coincide con el último periodo presidencial disponible para cumplir lo pactado en 2016 con las extintas FARC. La declaración pone sobre la mesa el reloj político que rodea la implementación de los compromisos firmados en La Habana.
La Unidad para la Implementación es la entidad encargada de articular y hacer seguimiento a los puntos del Acuerdo. Entre sus funciones está coordinar con las distintas ramas del Estado la ejecución de los compromisos en materia de reforma rural integral, participación política, sustitución de cultivos, víctimas, reintegración y seguridad, entre otros.
El Acuerdo de Paz fue firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC, tras más de cuatro años de negociaciones en Cuba. Desde entonces, su implementación se ha extendido durante casi una década, con avances parciales en algunos capítulos y retrasos reconocidos en otros, especialmente los relacionados con la Reforma Rural Integral y la reincorporación de excombatientes.
Según lo expresado por Cuartas, el límite que impone el calendario político marca la diferencia entre consolidar la paz o quedarse a medio camino. La funcionaria se refirió a los temas sensibles que deberá asumir la nueva administración, en un contexto de discusión nacional sobre el rumbo de la implementación.
La advertencia llega en un momento en que diversos sectores han cuestionado los ritmos de ejecución. Organizaciones de víctimas, excombatientes en proceso de reincorporación y comunidades en zonas priorizadas han reclamado mayor celeridad, recursos suficientes y voluntad política sostenida.
Para los ciudadanos, el debate sobre la implementación del Acuerdo tiene efectos en la vida cotidiana. La sustitución de cultivos ilícitos, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las garantías de seguridad para excombatientes y líderes sociales, y la reparación a millones de víctimas son algunos de los puntos que se juegan en los próximos cuatro años.
Desde la institucionalidad, la implementación requiere articulación entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones, alcaldías, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, entre otros organismos. El trabajo coordinado entre estas entidades es uno de los retos que la Unidad para la Implementación suele resaltar.
Cuartas también habló de los temas sensibles que deberá asumir la administración de De la Espriella. Entre ellos se encuentran las discusiones pendientes sobre la reforma agraria, la situación de seguridad en regiones con presencia de grupos armados y el futuro de los espacios territoriales de reincorporación, según los puntos que la Unidad ha priorizado.
El panorama inmediato deja interrogantes sobre cómo se articulará la nueva administración con los organismos creados por el Acuerdo, cuál será la prioridad presupuestal para los programas de paz y qué papel jugará el Congreso en la aprobación de leyes pendientes vinculadas a la implementación.
Lo que queda en juego es si este periodo se convierte en el cierre definitivo de la transición pactada o si, como advierten voces críticas, se seguirán acumulando tareas inconclusas que comprometan la sostenibilidad de lo acordado hace casi una década.