Desde Cartagena, el ministro de Hacienda Miguel Gómez sostuvo que la administración nacional adoptó una postura frontal contra el «gota a gota», modalidad de crédito informal que opera sin regulación en barrios y municipios del país. La declaración se dio en un escenario público en la ciudad heroica, según reportó Caracol Radio.
El «gota a gota» consiste en préstamos diarios o semanales con intereses elevados que se cobran puerta a puerta. Aunque no existen cifras oficiales consolidadas, distintos análisis del sector financiero han señalado que esta práctica afecta de manera desproporcionada a trabajadores informales, tenderos y familias de ingresos bajos que no acceden al sistema bancario tradicional.
G Gómez aclaró que la ofensiva gubernamental «no se trata de perseguir» a las personas que recurren a ese mecanismo por falta de opciones, sino de «quitarles el negocio» a quienes lo explotan. La distinción marca un giro en el discurso oficial, enfocado en perseguir a los prestamistas y no en criminalizar a los usuarios.
La cartera de Hacienda suele coordinar con la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera las políticas frente al crédito no formal. En Colombia, las operaciones de captación y préstamo sin autorización están tipificadas como delito en el Código Penal, aunque su aplicación efectiva varía por regiones.
La declaración llega en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo limitado para amplios sectores de la población. De acuerdo con reportes recientes de la Superintendencia Financiera, cerca de la mitad de los adultos colombianos no cuenta con productos financieros formales, lo que abre terreno a prestamistas ilegales.
Para los ciudadanos, el impacto potencial de esta estrategia depende de que se traduzca en alternativas reales de financiación. Expertos en inclusión financiera han planteado que atacar el «gota a gota» sin ofrecer productos bancarios accesibles puede simplemente desplazar la actividad, no eliminarla.
El ministro no detalló en su intervención las herramientas concretas que se emplearán ni los plazos para ejecutarlas. Tampoco mencionó montos, metas de formalización ni articulación con otras entidades del Estado, aspectos que el Gobierno tendrá que precisar en los próximos días.
La declaración desde Cartagena se suma a otros anuncios recientes de la administración en materia económica y social. Queda pendiente conocer si la ofensiva contra el «gota a gota» se acompañará de campañas de educación financiera, productos de microcrédito o reformas regulatorias específicas.
Mientras tanto, organizaciones de consumidores y analistas esperan que la estrategia incluya canales formales de denuncia y protección para los hogares amenazados por cobradores. La atención se centra ahora en los anuncios oficiales que deberá hacer el Ministerio de Hacienda para complementar las palabras del ministro.