Revista Semana reveló la existencia de una cuenta en la red social X desde la que se difundieron mensajes con amenazas de muerte contra el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. De acuerdo con la publicación, el perfil fija una fecha y una hora específicas para la amenaza.
El medio indicó que la cuenta parece ser administrada desde el interior de un centro de reclusión del país. Esa condición, de ser confirmada por las autoridades, abre interrogantes sobre el acceso a dispositivos y a internet dentro de los penales colombianos, un asunto que ha sido objeto de debate en los últimos años por episodios de extorsión y coordinación de actividades ilícitas desde las cárceles.
El Inpec, la entidad encargada de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad, es la autoridad competente para investigar si se permitió el ingreso o la tenencia de equipos de comunicación no autorizados. Las amenazas contra el jefe de Estado, según el Código Penal colombiano, pueden enmarcarse en delitos como amenaza contra servidores públicos, con penas que dependen del grado de la intimidación y de si se consideran cumplidas o no.
Por el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño ni de la Fiscalía sobre los hechos denunciados por Semana. Tampoco se han reportado capturas ni medidas cautelares asociadas a la cuenta identificada por el medio.
El episodio se suma a una serie de señalamientos sobre el uso de redes sociales para proferir amenazas contra figuras del Estado. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y expertos en seguridad digital han advertido que este tipo de mensajes suelen escalar y que la respuesta institucional se mide, en parte, por la rapidez con que se identifique a los responsables.
Para la ciudadanía, el caso reaviva el debate sobre el control de las comunicaciones dentro de los penales y sobre los protocolos de protección del primer mandatario. Una amenaza de esta naturaleza suele activar a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, que revisan perímetros, esquemas de seguridad y posibles vínculos de la persona que firma los mensajes.
Revista Semana no publicó, al cierre de su nota, el nombre real del autor ni el establecimiento de reclusión desde el que operaría la cuenta. La investigación periodística continúa y queda en manos de las autoridades confirmar la identidad y proceder conforme a la ley.
Por ahora, el hecho conocido es el reportado por Semana: un mensaje amenazante, fechado y con hora, difundido desde un perfil cuya trazabilidad aún no ha sido establecida oficialmente. El siguiente paso esperable es que la Fiscalía y el Inpec abran pesquisas para determinar si la cuenta es efectivamente operada desde una prisión y quién está detrás.