El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a una ponencia del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que propone mover recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia otros rubros del presupuesto nacional. La propuesta fue celebrada por el jefe de Estado, según registró El Colombiano.
La iniciativa del senador Gómez plantea trasladar alrededor de 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP, aunque el extracto de la fuente no precisa el destino final de esos recursos. El debate se inscribe en la discusión más amplia sobre los gastos del sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, encargado de investigar y sancionar los delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano. Desde su puesta en marcha, su presupuesto ha sido objeto de cuestionamientos en distintos sectores políticos y de opinión.
El respaldo presidencial a una ponencia del Legislativo marca un giro en la relación del Ejecutivo con la justicia transicional. Durante gobiernos anteriores, la JEP contó con el acompañamiento del Estado como parte del cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC-EP, aunque también enfrentó reparos por la lentitud en algunos procesos.
La propuesta genera dudas sobre el funcionamiento operativo de la JEP, que depende de esos recursos para el pago de magistrados, el equipo investigador y los programas de reparación a las víctimas. Un recorte presupuestal pondría en tensión el cumplimiento de los cronogramas de los macrocasos y las audiencias en curso.
Sectores de víctimas y organizaciones de derechos humanos suelen alertar sobre los efectos de desfinanciar los mecanismos de justicia transicional. En distintas oportunidades han recordado que el presupuesto de la JEP representa una fracción menor del gasto nacional, en comparación con otras entidades del Estado.
El extracto de la fuente señala que el presidente celebró la idea, pero no detalla argumentos adicionales. Tampoco se conoce una comunicación oficial de la Presidencia sobre el alcance del respaldo ni sobre eventuales instrucciones al Ministerio de Hacienda frente al presupuesto de la JEP.
La JEP, por su parte, responde a los cuestionamientos presupuestales con un informe anual que publica su gestión y sus resultados en materia de sanciones propias, restaurativas y de aporte a la verdad. La discusión sobre su financiación se reactivará en el Congreso cuando la ponencia de Gómez empiece a surtir trámite.
Queda por verse si la propuesta avanza en las comisiones económicas del Congreso y si el Gobierno la acompaña con una formulación precisa del rubro afectado y del destino de los recursos. El seguimiento al trámite legislativo será clave para medir el impacto real de este debate sobre la justicia transicional.