El ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que la próxima administración buscará incrementos más moderados del salario mínimo, según recogió Revista Semana. El anuncio constituye la primera posición oficial del Gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella sobre la política salarial.
El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia se fija cada año mediante un acuerdo entre representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno, en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Cuando no hay consenso, el aumento lo define el Ejecutivo mediante decreto, como ocurrió en las últimas negociaciones.
La declaración de Gómez se inscribe en un contexto de debate nacional sobre el balance entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Sectores sindicales y centrales obreras suelen presionar por alzas que compensen la inflación y mejoren el ingreso real. Los gremios empresariales, en cambio, piden moderación para proteger el empleo formal y la formalización.
Aunque Gómez no reveló una cifra concreta ni un porcentaje, su mensaje apunta a una postura de cautela frente a incrementos que, en años recientes, superaron de forma amplia la inflación acumulada. Esa diferencia ha sido destacada tanto por analistas económicos como por voceros del sector productivo como un factor de presión sobre la nómina y la competitividad.
Para los trabajadores, el salario mínimo funciona como referencia para más de un millón de colombianos que devengan el mínimo, y como piso para el cálculo de prestaciones, aportes a seguridad social y pensiones. Cualquier cambio en la dinámica de los ajustes impacta de forma directa en el ingreso disponible de los hogares de menores ingresos.
En el ámbito empresarial, la señal de moderación es leída por los gremios como un reconocimiento a las dificultades que atraviesan sectores como el comercio, las manufacturas y los servicios, golpeados por desaceleración de la demanda y costos de financiación elevados. Las micro y pequeñas empresas suelen ser las más sensibles a los incrementos, dado su menor margen para absorber alzas en la nómina.
La negociación del mínimo de 2026, que en principio se discute en el último trimestre del año, quedaría así condicionada por el tono fijado por el nuevo equipo económico. El Ministerio de Hacienda tiene voz en la mesa de concertación y participa en la definición del decreto cuando el diálogo no prospera, por lo que su línea de moderación tendrá peso en la discusión.
Economistas consultados en distintas coyunturas han recordado que incrementos reales elevados pueden contribuir a reducir la informalidad si van acompañados de mayor productividad, pero también pueden acentuarla si las empresas optan por recortes de personal o por mayor contratación sin prestaciones. El debate sobre cuál es el umbral prudente sigue abierto.
Queda por conocer si la postura se traducirá en una propuesta formal del Gobierno dentro de la mesa de concertación o si el Ejecutivo esperará a que las centrales obreras y los gremios presenten sus propias cifras. También está pendiente cómo se articulará esta posición con la del Banco de la República, que suele alertar sobre los efectos inflacionarios de los ajustes salariales.
Por ahora, el primer indicio del nuevo Gobierno deja una señal clara hacia la moderación y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el salario mínimo, un tema que cada año moviliza a trabajadores, empleadores y al conjunto de la opinión pública del país.