El proyecto de ley de presupuesto 2027, que había sido presentado por el gobierno saliente de Gustavo Petro, fue devuelto por el Congreso al Ejecutivo. La decisión se produjo luego de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicara ante las comisiones económicas del Legislativo que los supuestos macroeconómicos y fiscales incluidos en la iniciativa no reflejaban la situación financiera del país.
El presupuesto general de la Nación es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo define cada año los ingresos y gastos del Estado. Incluye el funcionamiento de las entidades públicas, el servicio de la deuda, la inversión en sectores como salud, educación, infraestructura y defensa, y las transferencias a regiones y municipios. Por su magnitud, el trámite del presupuesto es uno de los debates centrales de cada legislatura.
Según la información divulgada por Infobae, Gómez Martínez señaló ante el Congreso que los cálculos y proyecciones contenidos en el texto heredado no correspondían con la realidad financiera del país. Esa discrepancia, de acuerdo con el reporte, fue el argumento central para solicitar la devolución del proyecto y abrir paso a una reformulación.
El ministro agregó, siempre según Infobae, que la administración del presidente Abelardo de la Espriella buscará los ajustes presupuestales necesarios sin recurrir a cargas tributarias adicionales para los ciudadanos. El pronunciamiento se inscribe en una discusión recurrente en Colombia sobre el equilibrio entre el gasto público, el déficit fiscal y la presión tributaria.
La devolución del presupuesto implica que el Ejecutivo deberá radicar un nuevo proyecto, con supuestos actualizados, que deberá surtir nuevamente su trámite en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Mientras se concreta esa nueva radicación, rige la figura del presupuesto provisional, que permite al gobierno ejecutar los gastos mientras el Congreso define la ley definitiva.
El episodio marca un primer desencuentro entre el gobierno de De la Espriella, en el inicio de su mandato, y el Congreso, en torno a una pieza clave de la política económica. Sectores políticos y económicos suelen seguir de cerca el debate presupuestal porque define prioridades de inversión y señala la postura del Ejecutivo frente al déficit y la deuda pública.
Para la ciudadanía, la discusión tiene efectos prácticos en áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y programas sociales, que dependen de las apropiaciones aprobadas cada año. También condiciona la política de subsidios, transferencias a territorios y la financiación de proyectos de inversión regional.
Quedan pendientes la presentación del nuevo proyecto por parte del Ministerio de Hacienda, la instalación del debate en las comisiones económicas y la definición de las mayorías con las que el gobierno buscará su aprobación. Mientras tanto, el mensaje del Ejecutivo es que los ajustes se buscarán por el lado del gasto y la recomposición de prioridades, sin nuevos tributos.