Un grupo de ciudadanos venezolanos detenidos cerca a Medellín sería la primera cohorte expulsada de Colombia luego de la directriz impartida por el presidente Abelardo de la Espriella. El pronunciamiento se produjo desde Barranquilla, donde el jefe de Estado fijó el alcance de la medida sin ofrecer, en esa intervención, cifras ni nombres, según el extracto disponible de la fuente.
En sus declaraciones, el presidente fue explícito en dos frentes. Primero, señaló a los extranjeros que cometen ilegalidades y crímenes en territorio colombiano. Segundo, mencionó a quienes han violado la norma migratoria aunque no estén vinculados a hechos delictivos. La frase exacta fue: “No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades, crímenes, sino también los que han violado la norma”. Esa doble vía marca el alcance de la política que su gobierno empieza a aplicar.
Sobre la primera línea, el gobernante agregó la consigna “Aquí no voy a aceptar migración ilegal”, con la que resume la postura del Ejecutivo frente al fenómeno migratorio. La declaración conecta con un debate de larga data en Colombia, país que ha recibido flujos migratorios sostenidos desde Venezuela y que en los últimos años ajustó sus instrumentos de control fronterizo y de permisos de permanencia.
Las autoridades competentes en materia migratoria son las encargadas de ejecutar las expulsiones, un procedimiento que en Colombia suele estar a cargo de Migración Colombia y de la fuerza pública, con acompañamiento de la Cancillería cuando se trata de nacionales de un país con el que existe relación diplomática. La fuente consultada no precisa el estatus legal de los detenidos ni si ya se inició el proceso administrativo previo a una deportación efectiva.
La zona donde ocurrieron las capturas, cerca a Medellín, es uno de los puntos del territorio nacional con mayor asentamiento de población migrante venezolana. En esa región convergen dinámicas de movilidad pendular con el vecino país, redes de empleo informal y presencia de organizaciones que han sido objeto de operativos de control por parte de la Policía y del Ejército.
La directriz presidencial se inscribe en una agenda de gobierno que ha puesto el orden migratorio entre sus prioridades, junto con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. La referencia reiterada a los extranjeros que cometen delitos, y no solo a quienes infringen la norma, deja abierta la puerta a operativos coordinados con la fuerza pública, algo que ya se anticipa con la retención reportada en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Para los colombianos, la medida tiene implicaciones prácticas. Por un lado, redefine los criterios con los que el Estado evalúa la permanencia de extranjeros en el país. Por otro, puede modificar las rutinas de los miles de venezolanos que viven en Colombia con permisos vigentes, así como de quienes se encuentran en proceso de regularización, cuya situación no se vería afectada por una directriz centrada en la migración irregular.
Para la población migrante, el mensaje del Ejecutivo introduce un escenario más estricto. Quienes estén fuera de los marcos legales o hayan incumplido los requisitos de permanencia quedan expuestos a procedimientos de expulsión. La fuente no detalla cuántos venezolanos están hoy en esa condición ni cuántas personas han salido ya del país bajo esta nueva directriz.
Quedan varios frentes por esclarecer: la cantidad de expulsiones que se concretarán en las próximas semanas, los criterios operativos que aplicarán las autoridades migratorias, el tipo de coordinación con Venezuela y los protocolos para distinguir entre quienes cometieron delitos y quienes incurrieron en irregularidades administrativas. El gobierno nacional todavía no ha presentado un balance oficial sobre los primeros casos, según el extracto disponible.