El presidente Abelardo de la Espriella convirtió la política de paz en el eje de su diplomacia con Estados Unidos. La Casa Blanca espera, en un plazo de doce meses, resultados concretos del plan con el que el Gobierno colombiano busca revertir la descertificación en la lucha antidroga.
La descertificación es una figura contemplada en la legislación estadounidense. Cuando un país es descertificado en la lucha contra las drogas, queda expuesto a sanciones que afectan la cooperación, el acceso a ciertos créditos y la relación bilateral. Revertirla requiere que Washington verifique avances sostenidos en reducción de cultivos, interdicción y procesamiento judicial de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La estrategia hacia Washington se apoya en compromisos verificables. Colombia ha sido durante décadas el principal aliado de Estados Unidos en la región en materia antinarcóticos, con operativos conjuntos, fumigación de cultivos y extradiciones. El nuevo enfoque pone el acento en la negociación con estructuras armadas y en acuerdos que reduzcan la violencia rural.
El vínculo entre paz y certificación es directo. Washington condiciona parte de su cooperación a que Colombia muestre resultados en la reducción de la producción de cocaína y en el desmantelamiento de grupos armados vinculados al narcotráfico. Una política de paz con metas medibles puede convertirse en el argumento para que el Congreso y el Departamento de Estado reconsideren la certificación.
Los doce meses fijados por la Casa Blanca marcan un reloj preciso para el Ejecutivo. En ese periodo se medirán avances en reducción de cultivos ilícitos, capturas de cabecillas, sometimientos a la justicia y desmovilización de estructuras. Cada indicador funciona como insumo para la evaluación anual que hace el Departamento de Estado.
Para los ciudadanos, lo que está en juego va más allá del escenario diplomático. Una descertificación puede traducirse en menos recursos para programas de sustitución de cultivos, mayor presión sobre la economía legal y un entorno de inversión afectado por la incertidumbre. Recuperar la certificación abre la puerta a nuevos flujos de cooperación.
La política de paz también se lee en clave interna. Las zonas rurales donde operan los grupos armados concentran la mayor parte de los cultivos de uso ilícito. Cualquier acuerdo que reduzca la presencia de esos grupos tendría efectos directos sobre la seguridad de comunidades que hoy están bajo el control de organizaciones criminales.
Quedan pendientes sobre la mesa varios frentes sensibles. Falta definir qué estructuras serán priorizadas en la negociación, cómo se articularán las Fuerzas Militares con los procesos de sometimiento y qué papel tendrán los campesinos en los programas de sustitución. La Casa Blanca, según el reporte, esperará señales tangibles antes de que se cumpla el primer año.