Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, es protagonista de dos procesos judiciales que lleva la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones, según Infobae, se refieren a hechos que habrían ocurrido durante el período en el que se desempeñó como congresista, entre 2010 y 2018.
La Corte Suprema es la competente para investigar y juzgar a los aforados colombianos, es decir, a quienes tienen fuero constitucional por ocupar cargos de elección popular como congresistas, gobernadores o alcaldes. Esa competencia explica por qué las pesquisas contra Acuña se concentran en ese alto tribunal y no en la justicia ordinaria.
El extracto de Infobae no detalla de qué naturaleza son los hechos investigados. Lo que sí señala la fuente es que ambos expedientes están abiertos y que el período examinado coincide con los años en los que Acuña ejerció como senador y representante a la Cámara. El medio tampoco precisa el estado actual de cada proceso ni si hay decisiones de fondo ya adoptadas.
Acuña llegó a la alcaldía de Sincelejo tras una trayectoria con presencia electoral en Sucre, primero en el Congreso y después en la arena local. Su gestión como alcalde se ha desarrollado en paralelo a las investigaciones que lo vinculan al período legislativo anterior, una situación que no es excepcional en la política regional colombiana, donde varios mandatarios locales han ocupado antes una curul.
El presidente Abelardo de la Espriella confrontó públicamente al alcalde. Infobae titula la pieza recogiendo ese cruce y lo conecta con los expedientes judiciales abiertos, de modo que la discusión pública une el plano político nacional con el proceso penal que lleva la Corte Suprema. El extracto no incluye la transcripción literal de los señalamientos del presidente.
Para la ciudadanía de Sincelejo, el cruce entre la alcaldía y los procesos en la Corte Suprema tiene efectos prácticos. Un alcalde con investigaciones abiertas en el alto tribunal puede ver limitada su capacidad de maniobra política, porque cualquier decisión sobre su permanencia en el cargo pasa, en el extremo, por una decisión de la Corte. La ley colombiana prevé la pérdida de investidura y la destitución de elegidos popularmente cuando hay condenas ejecutoriadas o decisiones disciplinarias firmes, según el caso.
En el plano institucional, el caso reitera el papel de la Corte Suprema como juez de los aforados y pone la lupa sobre los antecedentes de quienes llegan a alcaldías y gobernaciones con pasado legislativo. Los dos procesos abiertos contra Acuña son, por ahora, eso: investigaciones en curso, no condenas, según lo que reporta Infobae.
Quedan varios elementos por esclarecer. Falta conocer los delitos o las conductas concretas que la Corte Suprema investiga, las etapas procesales en las que se encuentra cada expediente y si el alcalde ha sido escuchado en versión libre o si ya hay formulación de cargos. Infobae no precisa estos puntos en el extracto disponible, y cualquier ampliación de la información dependerá de las decisiones del alto tribunal o de nuevos reportes de la fuente.