La ex candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia cuestionó el Decreto 0765 de 2026, expedido por el Gobierno nacional. En sus declaraciones, recogidas por EL INFORMADOR, la congresista afirmó que el acto administrativo excede las facultades legales otorgadas al Ejecutivo. Como consecuencia, advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos de los propietarios en distintas regiones del país.
El Decreto 0765 de 2026 es una norma de carácter presidencial que hace parte del ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en la Constitución. Esa potestad permite al presidente expedir normas para la ejecución y el cumplimiento de las leyes. El debate que plantea la senadora se concentra en si el decreto se mantuvo dentro de ese marco o si, por el contrario, fue más allá de lo que la ley autoriza, un límite que la jurisprudencia constitucional ha trazado de manera reiterada.
Para el Centro Democrático, partido de oposición, el decreto representa un riesgo para la seguridad jurídica de los ciudadanos. La bancada argumenta que regular materias que exceden la ley puede traducirse en restricciones no previstas a la propiedad privada. La preocupación central es que una norma reglamentaria termine modificando, en la práctica, derechos reconocidos por la ley o por la Constitución.
La crítica de Paloma Valencia se suma a una línea de cuestionamientos que la oposición ha dirigido contra varias decisiones del Ejecutivo en el actual periodo. Los señalamientos suelen enfocarse en el uso de decretos para abordar asuntos que, según los críticos, requieren debate en el Congreso. Esa tensión entre la potestad reglamentaria y la cláusula general de competencia legislativa ha sido motivo de demandas y fallos de la Corte Constitucional en gobiernos anteriores.
El impacto del decreto, según la lectura de la senadora, recaería sobre los propietarios de bienes inmuebles y, eventualmente, sobre inversionistas y desarrolladores urbanos. Sectores como el vivienda, el agro y la construcción suelen estar atentos a las normas que regulan el uso del suelo, los procesos de titulación y las condiciones de adquisición. Cualquier cambio en esas reglas, incluso uno de carácter reglamentario, puede alterar decisiones económicas ya tomadas.
Desde el punto de vista institucional, el siguiente paso natural es que el Congreso cite al ministro o a los funcionarios responsables para que expliquen el alcance del decreto. También es posible que el texto sea demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa o revisado por la Corte Constitucional si cumple los requisitos para ser objeto de control. Mientras tanto, la norma conserva su vigencia, salvo que una decisión judicial ordene su suspensión provisional.
La controversia llega en un momento en el que el Ejecutivo defiende la urgencia del decreto como herramienta para destrabar procesos pendientes. El Gobierno ha sostenido que la potestad reglamentaria es el camino más ágil para atender situaciones que no pueden esperar al trámite legislativo. La oposición, por su parte, insiste en que ese tipo de decisiones debe pasar por el debate democrático en el Congreso.
Para los ciudadanos, el episodio deja una lección práctica: los decretos presidenciales pueden tener efectos concretos sobre sus derechos, incluso cuando no se trata de leyes formales. Conocer el contenido del Decreto 0765 de 2026, las razones que expuso el Gobierno para expedirlo y los argumentos de quienes lo cuestionan resulta clave para entender qué se juega en este debate. La información oficial sobre el texto completo está disponible en el Diario Oficial y en los canales del Ministerio que lo expidió.