El presidente Abelardo de la Espriella presentó una estrategia de seguridad que contempla el uso de un buque de la Armada Nacional como centro de reclusión para los principales cabecillas de redes de extorsión. La información fue revelada en una publicación exclusiva del diario El Tiempo, que tituló la pieza como la estrategia del mandatario para aislar en altamar a los grandes capos de ese delito.
De acuerdo con el extracto difundido por el medio, la iniciativa busca recluir a estas personas en una embarcación militar, separándolas del territorio continental. El Gobierno plantea que el aislamiento en altamar impediría el contacto con sus organizaciones criminales, lo que históricamente ha sido un obstáculo para el funcionamiento de las bandas dedicadas a la extorsión.
La extorsión es uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportadores y ciudadanos de a pie en distintas regiones del país. La estrategia apunta directamente contra quienes coordinan estas estructuras, no contra los cobradores que operan en las calles. El desplazamiento del liderazgo criminal al mar busca cortar la cadena de mando de las organizaciones dedicadas a este delito.
La Armada Nacional de Colombia ya tiene experiencia en operaciones de control marítimo y fluvial, así como en el traslado de detenidos en sus unidades. Sin embargo, el uso de un buque como centro de reclusión permanente es una figura poco explorada en el país y en la región. Otros Estados han utilizado instalaciones móviles o flotantes para alojamiento de prisioneros en contextos de conflicto o de hacinamiento carcelario.
El sistema penitenciario colombiano enfrenta desde hace años niveles críticos de hacinamiento, según reportes de organismos de control. Cualquier reclusión en un buque implicaría adaptar la embarcación con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad perimetral y servicios básicos, además de definir quién custodiaría a los internos y bajo qué régimen jurídico estarían.
La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno ha hecho de la lucha contra la extorsión uno de los ejes de su política de seguridad. Distintos gremios económicos han pedido acciones concretas contra este delito, que golpea al comercio formal e informal y financia a organizaciones armadas ilegales. La medida, de concretarse, se sumaría a las herramientas que ya existen, como la judicialización, la extinción de dominio y los planes regionales de seguridad.
El anuncio abre interrogantes sobre la capacidad real de la Armada para administrar un centro de reclusión, el marco legal aplicable y los costos logísticos de mantener una embarcación operando fuera de puerto. También queda por definir qué pasa con la jurisdicción sobre los internos y cómo se garantizan sus derechos mientras permanezcan a bordo. Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado públicamente cómo se implementará la estrategia.
Por ahora, la información disponible se limita al extracto publicado por El Tiempo. Será necesario esperar a que el Gobierno entregue los lineamientos oficiales, el cronograma de implementación y los criterios para seleccionar a los internos que serían trasladados al buque. La estrategia, tal como fue presentada, marca un giro en la forma en que el Estado planea enfrentar a los cabecillas de la extorsión en Colombia.