La Contraloría General de la República registró 1.970 proyectos de infraestructura en Colombia bajo la categoría de “elefantes blancos”, es decir, obras que quedaron inconclusas, sin terminar o sin operar plenamente. El reporte fue difundido por El Colombiano y se publica en un momento sensible: el relevo presidencial entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella.
El término “elefante blanco” se usa en Colombia para denominar construcciones de gran tamaño que quedaron abandonadas o que nunca entraron en servicio, pese a los recursos públicos invertidos. En el país, el seguimiento de este tipo de proyectos ha sido históricamente difícil por la dispersión de la información entre las entidades nacionales, departamentales y municipales.
La Contraloría es el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos y de promover responsabilidades fiscales. Dentro de sus funciones, tiene la potestad de abrir procesos de responsabilidad contra funcionarios y contratistas, y de emitir alertas tempranas sobre riesgos en la ejecución presupuestal.
Aunque el informe presentado por El Colombiano no detalla en el extracto disponible el costo total estimado ni los sectores específicos de los 1.970 proyectos, su sola cantidad pone de relieve un patrón acumulado durante varias décadas de obras suspendidas, sobrecostos o diseños mal planteados. Esta clase de obras afecta principalmente a las comunidades que esperaban los servicios asociados, como vías, hospitales, escuelas o acueductos.
La transición entre un gobierno saliente y uno entrante incluye, en la práctica, el empalme de proyectos en curso y de obras pendientes. En ese proceso, la administración que asume debe decidir si retoma los proyectos, los modifica, los termina o busca fórmulas contractuales para cerrar lo que ya existe. Esa tarea, según el medio citado, es una de las herencias administrativas que pesan sobre la nueva presidencia.
Para los ciudadanos, el impacto de estas obras inconclusas se mide en servicios que no llegaron, en dinero público ya gastado y en la desconfianza que generan los anuncios de infraestructura. Municipios enteros pueden quedar durante años con estructuras abandonadas que ocupan lotes, deterioran el entorno o bloquean accesos.
El reporte periodístico también destaca que esta clase de inventarios suelen usarse como insumo para que las administraciones entrantes prioricen la culminación o la liquidación de los contratos. En el pasado, hallazgos similares de la Contraloría han derivado en investigaciones y en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal, aunque cada caso depende de su propio expediente.
Queda pendiente conocer las cifras precisas de inversión comprometida, la distribución regional de los proyectos y las decisiones que adopte el gobierno de De la Espriella frente al listado completo. El informe de la Contraloría, según la nota de El Colombiano, funcionará como punto de partida de ese nuevo capítulo.