Firmantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 dirigieron un mensaje público al presidente electo Abelardo de la Espriella. El pedido central es que no los juzgue por el comportamiento de los integrantes del último secretariado de las Farc, la estructura que mantuvo la dirección de la guerrilla hasta su desmovilización.
Según reportó Infobae, los excombatientes recordaron que la reincorporación individual y colectiva hace parte de los compromisos firmados con el Estado colombiano hace casi una década. Argumentan que ese proceso debe evaluarse por sus propios resultados y no por las acciones de una cúpula específica.
El comunicado incluyó la frase "La paz no es únicamente el silencio de las armas". Con esa expresión, los firmantes buscan que el próximo gobierno reconozca que la implementación de los acuerdos también abarca garantías políticas, económicas y sociales para quienes dejaron las armas.
El Acuerdo de Paz de 2016 se firmó entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la cúpula de las Farc, después de más de cuatro años de negociaciones en La Habana. Su implementación involucra a decenas de entidades del Estado y a los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
En los años posteriores a la firma, el proceso enfrentó obstáculos como el asesinato de excombatientes, la demora en la entrega de tierras y la discusión sobre las garantías judiciales para los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos temas figuran entre las principales preocupaciones de los firmantes.
La solicitud al presidente electo llega en un contexto de transición gubernamental. Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia después de las elecciones, y distintos sectores esperan conocer los lineamientos de su administración frente a la implementación de lo acordado.
Desde el lado de los firmantes, el mensaje busca abrir un canal directo con el nuevo gobierno antes de la posesión. Piden que las diferencias que se puedan tener con sectores específicos del antiguo secretariado no conduzcan a un replanteamiento general del proceso.
Para la ciudadanía, el alcance del pronunciamiento es doble. Por un lado, los excombatientes buscan proteger su proceso de reincorporación. Por el otro, abren un debate sobre cómo el próximo gobierno evaluará los avances y los pendientes de la implementación en los territorios.
Queda pendiente conocer la respuesta oficial del presidente electo y de su equipo de gobierno a este y otros pronunciamientos sobre el Acuerdo de Paz. El primer año de gestión suele ser clave para definir ajustes, respetar lo acordado o reabrir conversaciones sobre los puntos más sensibles.