El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa solicitó formalmente que se abra una investigación penal en contra del senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico. La petición se fundamenta en los pronunciamientos públicos del congresista, en los que habría convocado a la desobediencia civil frente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según reportó Infobae.
El llamado de Cepeda generó una fuerte controversia en sectores políticos y sociales. Las reacciones se concentran en un punto sensible: dónde termina la protesta legítima y dónde comienza la desobediencia que, según algunos críticos, pone en cuestión los resultados electorales y la institucionalidad democrática del país.
Francisco Barbosa se desempeñó como fiscal general de Colombia entre 2020 y 2024, período durante el cual estuvo al frente de varios procesos de alto perfil. Su solicitud se conoce ahora, en un contexto en el que la figura del exfuncionario conserva peso en los debates sobre seguridad jurídica y orden institucional.
Iván Cepeda es senador de la República y una de las voces más visibles de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Su bancada, el Pacto Histórico, ha mantenido una postura crítica frente a distintas decisiones del Ejecutivo, lo que ha alimentado la tensión entre las ramas del poder político.
La figura de la desobediencia civil tiene antecedentes relevantes en la historia colombiana, desde campañas internacionales de derechos humanos hasta movimientos sociales internos. Su invocación, sin embargo, suele derivar en investigaciones por parte de la Fiscalía cuando algún ciudadano la eleva como denuncia formal, como ocurre en este caso.
Para los ciudadanos, el caso abre interrogantes sobre el alcance real de la protesta política. En un país con tradición de movilización social, la pregunta central es si los llamados a no acatar decisiones del gobierno configuran un delito o si se enmarcan en el derecho fundamental a la oposición.
Sectores cercanos al gobierno han respaldado la solicitud de Barbosa y consideran que los llamados a la desobediencia civil socavan la legitimidad del resultado en las urnas. En contraste, voces de la oposición sostienen que se trata de una expresión política legítima frente a políticas con las que discrepan y que el pedido busca criminalizar la protesta.
El proceso, en caso de avanzar, quedaría en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de evaluar si existen méritos para imputar cargos. Hasta ahora, según la fuente, no se conoce una decisión de fondo sobre la apertura formal de una indagación previa.
Queda por verse cómo responden los tribunales y la propia Fiscalía a este tipo de solicitudes presentadas por exfuncionarios con trayectoria pública. El desenlace de esta petición se sumará al debate más amplio sobre los márgenes de la oposición política en Colombia y sobre el rol de los exfiscales en la arena pública.