La exministra de Justicia y exfiscal Ángela María Buitrago aseguró que la orden del presidente de la República de respaldar al coronel (r) Alfonso Plazas Vega en una demanda civil en Estados Unidos carece de sustento constitucional y legal. Según la exfuncionaria, se trata de un proceso entre particulares y el Estado colombiano no tiene competencia para intervenir en él.
La demanda fue presentada por las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán, uno de los funcionarios que perdió la vida durante la retoma militar del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando tropas del Ejército ingresaron al edificio para recuperarlo de un grupo que lo había tomado. Plazas Vega fue uno de los oficiales que participó en esa operación y ha enfrentado procesos judiciales por esos hechos.
De acuerdo con lo señalado por Buitrago, la instrucción presidencial al abogado del Estado de apoyar la defensa de Plazas Vega en una corte extranjera abre un debate jurídico y político que apenas comienza. Para la exfiscal, permitir que recursos o personal del Estado se destinen a patrocinar a un particular en un litigio civil configura una actuación por fuera del marco legal.
El episodio revive la discusión que ha rodeado el caso del Palacio de Justicia durante casi cuatro décadas. La retoma dejó un número elevado de muertos y desaparecidos y, desde entonces, ha habido investigaciones, juicios y controversias sobre la responsabilidad de los militares que participaron en la operación y de quienes comandaron la respuesta estatal.
El coronel (r) Plazas Vega ha sido uno de los nombres más visibles en ese proceso histórico. Fue condenado y absuelto en distintas instancias por hechos relacionados con la toma y la retoma, y posteriormente enfrentó nuevos señalamientos, entre ellos los que dieron lugar a esta demanda en territorio estadounidense, donde las víctimas pueden acudir a la justicia civil bajo ciertas condiciones.
La posición de la exministra Buitrago se suma a los cuestionamientos que ha generado la decisión presidencial. Sectores jurídicos han expresado reservas sobre la conveniencia de que el Gobierno nacional se pronuncie en un litigio que involucra a un ciudadano particular, mientras que defensores de los militares retirados argumentan que se trata de un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en uno de los episodios más críticos de la historia reciente.
Para los familiares de las víctimas de la retoma, la noticia reaviva un reclamo de décadas. Las hijas del magistrado Urán sostienen que el respaldo del Estado a quien consideran responsable de la muerte de su padre resulta contradictorio con el discurso oficial de defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica.
El caso queda ahora en manos de la rama judicial y de los abogados del Estado designados para representar a Colombia en el extranjero. La controversia sobre los límites de la intervención del Gobierno en procesos de particulares y el significado político del respaldo presidencial seguramente continuará en el debate público en los próximos días.