Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, pidió de forma pública que el Gobierno saliente detenga lo que calificó como movimientos contractuales en curso dentro del Fonigualdad. La declaración se produce a pocos días de que se complete la transición hacia el nuevo periodo presidencial, según reportó la fuente consultada.
El Fonigualdad es el Fondo para la Equidad, una entidad del Estado colombiano orientada a financiar políticas de inclusión social y reducción de brechas. Su presupuesto depende de aportes del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes, por lo que los movimientos de contratación en su interior suelen estar bajo vigilancia de los organismos de control.
De la Espriella sostuvo que la exigencia busca proteger los recursos públicos y evitar que se comprometan vigencias futuras o contratos cerca del cambio de mando. En su intervención transmitió la preocupación por eventuales decisiones administrativas que, a su juicio, podrían afectar el manejo transparente del fondo.
La solicitud se enmarca en una práctica habitual en las transiciones presidenciales en Colombia, donde los equipos entrantes suelen alertar sobre decisiones de última hora en distintas entidades del Estado. En pasadas transiciones se han presentado señalamientos similares por nombramientos, contratos y giros presupuestales en los días finales de un gobierno.
El pronunciamiento no detalla nombres de funcionarios ni montos específicos de los contratos cuestionados. La fuente consultada tampoco incluye cifras, fechas ni un listado de los procesos que, según el presidente electo, estarían en marcha dentro del fondo.
La reacción del Gobierno nacional frente a este pedido aún no se ha hecho pública. Tampoco se pronunciaron, hasta el momento, los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación ni la Contraloría General de la República, que suelen intervenir cuando se presentan alertas de este tipo en entidades del orden nacional.
Para los ciudadanos, el tema es relevante porque el Fonigualdad ejecuta recursos destinados a programas sociales que benefician a poblaciones vulnerables en distintos territorios del país. Cualquier modificación contractual o presupuestal en los días previos al cambio de gobierno puede impactar la continuidad de esos programas y la llegada oportuna de los recursos a las comunidades.
Entre lo que queda pendiente está la respuesta formal del Gobierno actual, una eventual apertura de indagaciones por parte de los entes de control y la aclaración sobre cuáles serían los movimientos contractuales denunciados por el presidente electo. También se espera conocer si el equipo de transición solicitará acceso a los expedientes administrativos del fondo en los próximos días.