Según la información publicada por Infobae, un exintegrante de la Guardia Bolivariana de Venezuela, que había permanecido detenido en Colombia, recibió amenazas pocas horas después de recuperar su libertad el 4 de agosto. El hombre afirma que personas desconocidas se presentaron en su vivienda preguntando por él, en un contexto en el que, según su propia versión, se le sindica de persecución política.
El exmilitar decidió entonces remitir una carta al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para poner en conocimiento de la Casa de Nariño los hechos que denuncia y solicitar, en esencia, protección para su integridad. La misiva se conoce ahora a través del reporte de Infobae, que es la fuente citada de esta información.
El caso se inscribe en una situación más amplia: en los últimos años, distintos ciudadanos venezolanos con pasado militar o policial han ingresado a Colombia tras romper con el régimen de Nicolás Maduro. Algunos han sido detenidos por autoridades colombianas en operativos contra grupos armados o por investigaciones asociadas a esa militancia previa, y otros han pedido refugio ante organismos internacionales.
En ese contexto, las denuncias de intimidaciones, seguimientos o visitas sospechosas a domicilios de exfuncionarios o exmilitares venezolanos no son hechos aislados en la región andina. Organizaciones de derechos humanos y cuerpos diplomáticos han advertido sobre los riesgos que enfrentan quienes se desvinculan de las fuerzas de seguridad del vecino país y permanecen en territorio colombiano.
Para el ciudadano que ahora eleva su queja, la liberación del 4 de agosto no habría significado el fin de la incertidumbre. Horas después de abandonar el centro donde estaba recluido, desconocidos se acercaron a su casa, según la denuncia, y preguntaron por su paradero, lo que él interpreta como un intento de hostigamiento ligado a su pasado en la Guardia Bolivariana.
La carta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella coloca el caso en el más alto nivel del Estado colombiano. Hasta ahora, la información disponible se limita al reporte periodístico y a lo consignado por el denunciante. No se registran, en el extracto de la fuente, pronunciamientos oficiales del Gobierno nacional ni de la Fiscalía sobre los hechos narrados.
La situación tiene implicaciones directas para el propio denunciante, cuya integridad física, según afirma, está en riesgo, y de manera más amplia para el tratamiento que Colombia da a los ciudadanos venezolanos con trayectorias en cuerpos de seguridad. También reaviva el debate sobre los mecanismos de protección con los que cuentan quienes llegan al país denunciando persecución desde Venezuela.
Queda por verse si la carta al presidente Abelardo de la Espriella obtiene una respuesta formal de la Casa de Nariño o de los ministerios competentes, y si las autoridades colombianas abren alguna investigación sobre los hechos denunciados. El seguimiento periodístico del caso, hasta ahora sustentado en Infobae, será clave para verificar los próximos pasos.