La Unidad Nacional de Protección (UNP) tendría en marcha una revisión de los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, según reportó Infobae. El proceso incluiría a cuatro exministros que hoy cuentan con medidas de protección vigentes.
La UNP es la entidad encargada de evaluar los riesgos y asignar escoltas, vehículos blindados y demás medidas a personas que, por su rol o por amenazas acreditadas, requieren protección estatal. De manera periódica, la entidad realiza estudios de nivel de riesgo para determinar si los esquemas deben mantenerse, ajustarse o levantarse.
Una de las voces que reaccionó fue la exministra de Ciencia, quien calificó la situación como un posible perfilamiento contra exfuncionarios del gobierno anterior. Sus declaraciones abren un debate sobre los criterios técnicos que aplica la UNP para revisar los esquemas y sobre si el proceso responde a motivos de seguridad o a criterios políticos.
En Colombia, el retiro o la modificación de esquemas de protección ha sido motivo de controversia en otras ocasiones, cuando exfuncionarios han denunciado que las decisiones se toman sin motivación clara o sin considerar la persistencia de amenazas. La ley establece que la evaluación de riesgo debe sustentarse en análisis técnicos de la propia UNP y de la Policía Nacional.
Para los ciudadanos, el tema tiene relevancia porque la protección a exservidores públicos no solo cubre a los antiguos funcionarios sino también a sus familias. Cualquier cambio en los esquemas debe garantizar que las personas que sigan enfrentando amenazas reales no queden desprotegidas.
Por ahora no se conoce un pronunciamiento oficial de la UNP que detalle cuántos esquemas serían revisados, qué exministros serían los principales afectados ni los plazos del proceso. Tampoco se ha informado si la decisión ya fue adoptada o si se encuentra en etapa de estudio.
La revisión coincide con el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, período en el que la transición de poder suele traer ajustes en la protección de altos funcionarios salientes. En ese contexto, la evaluación de la UNP cobra especial atención por el número de exministros involucrados.
Queda por verse si la UNP publica los criterios de su decisión y si los exfuncionarios afectados cuentan con mecanismos de apelación dentro del proceso. La transparencia en ese tipo de determinaciones suele ser clave para evaluar si se trata de una decisión técnica o de un movimiento con motivaciones políticas.