Durante la campaña, el entonces candidato Abelardo de la Espriella insistió en que uno de los primeros actos de su gobierno sería desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes del conflicto armado. La promesa hizo parte de su discurso contra los acuerdos con las Farc y contra lo que denominó una justicia permisiva con los excombatientes.
Un experto consultado por Infobae explicó que esa intención no se puede ejecutar por decreto ni por decisión presidencial. Según el análisis recogido por el medio, desmontar la JEP requeriría una reforma constitucional, un trámite que pasa por el Congreso de la República y que exige mayorías calificadas que hoy no están garantizadas para el nuevo gobierno.
La JEP nació como un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado entre el Estado colombiano y las Farc en La Habana. Su creación se hizo a través del Acto Legislativo 01 de 2017, que reformó la Constitución para darle cabida. Por eso, cualquier modificación de fondo necesita volver a tocar la Carta Política.
Además del trámite formal, la JEP tiene bajo su cuidado miles de procesos abiertos contra excombatientes, militares, terceros civiles y antiguos miembros de la guerrilla que comparecen ante el tribunal. Cerrarla de manera abrupta, según voces del sector justicia, generaría un vacío en los juicios y pondría en riesgo a las víctimas que esperan verdad y reparación.
La Jurisdicción también está vinculada a compromisos internacionales asumidos por Colombia ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos compromisos añaden un argumento de peso para que cualquier cambio pase por el Congreso y por el control de constitucionalidad, no por una simple decisión del Ejecutivo.
El pronunciamiento del experto contrasta con la oferta electoral del presidente electo, que presentó la eliminación de la JEP como una forma de cumplir lo que él considera la voluntad de los colombianos que se sienten inconformes con los acuerdos de paz. Esa distancia entre lo prometido y lo jurídicamente viable se ha convertido en uno de los temas sensibles del arranque del nuevo gobierno.
Para los analistas consultados en medios nacionales, el caso muestra los límites del poder presidencial en materias que ya fueron elevadas a rango constitucional. Incluso con una bancada afín en el Congreso, una reforma de este tipo debe sortear ocho debates en cámara y comisión, un proceso que puede tardar años y que enfrenta el rechazo de partidos de oposición y de organizaciones de víctimas.
Mientras tanto, la JEP continúa con sus audiencias y procesos vigentes. El tribunal ha emitido varias sentencias en los últimos años, entre ellas las relacionadas con el caso de secuestros por parte de las Farc, la responsabilidad del Estado y la situación de menores reclutados. La continuidad o el cierre de estas investigaciones es lo que está en juego en el debate.
Queda por ver si el gobierno de Abelardo de la Espriella optará por buscar la reforma constitucional que propone el experto, si recurrirá a una estrategia legislativa gradual o si dejará el tema en el plano del discurso político. Por ahora, la advertencia jurídica publicada por Infobae marca el primer llamado de atención sobre la viabilidad de una de las promesas más fuertes de su campaña.