El expresidente Juan Manuel Santos le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que mantenga en pie el acuerdo de paz suscrito en 2016 con la entonces guerrilla de las Farc. La solicitud fue dada a conocer por el propio Santos, según reportó Infobae, y se suma a una serie de pronunciamientos sobre el rumbo del proceso de paz en Colombia.
Santos fue el jefe de Estado que firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, negociado en La Habana con las Farc. El documento, suscrito el 24 de noviembre de 2016, estableció seis puntos que incluyeron reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementación y verificación.
El acuerdo trajo consigo la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema transicional de justicia encargado de juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. También dio origen a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde excombatientes iniciaron su proceso de reintegración a la vida civil.
La petición de Santos llega en un momento en el que el gobierno de De la Espriella debe definir su postura frente a varios puntos del acuerdo, entre ellos la implementación de la reforma rural integral, la seguridad de los excombatientes y el futuro de los proyectos productivos en los antiguos espacios de reincorporación.
Distintos sectores han expresado preocupación por el grado de cumplimiento del acuerdo, nueve años después de su firma. Organizaciones de víctimas y entidades internacionales han señalado retrasos en la entrega de tierras, en la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en la financiación de los proyectos para exguerrilleros.
La solicitud del exmandatario también pone sobre la mesa la discusión sobre la independencia de la JEP y el rol de la Corte Constitucional en la revisión de las leyes de implementación. Mantener el acuerdo implica sostener un compromiso institucional que involucra a la rama judicial, al Ministerio Público y a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación.
Para los colombianos, la continuidad del acuerdo tiene efectos directos en regiones como Caquetá, Putumayo, Antioquia y Norte de Santander, donde la presencia de excombatientes y comunidades campesinas depende de los recursos asignados por la Nación. Cualquier cambio de rumbo podría impactar la seguridad y la estabilidad de estos territorios.
Desde el gobierno aún no se ha emitido una respuesta oficial a la solicitud de Santos. La postura que adopte el presidente De la Espriella será clave para definir si el acuerdo se mantiene, se modifica o se suspende, y para esclarecer el papel del Estado en la construcción de la paz en las próximas décadas.
Mientras tanto, la sociedad colombiana observa con atención el debate. La paz firmada en 2016 sigue siendo uno de los temas más sensibles de la agenda nacional, y cualquier pronunciamiento sobre su futuro genera reacciones tanto en el ámbito político como en el ciudadano.