Según el reporte de WINS Noticias, el expresidente Gustavo Petro presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Abelardo de la Espriella. El señalamiento central es una presunta persecución política dirigida desde el Gobierno nacional hacia distintos sectores del país.
La denuncia fue radicada ante la CPI, el tribunal internacional con sede en La Haya encargado de juzgar los crímenes más graves previstos en el Estatuto de Roma. Ese organismo tiene competencia sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, desde la Conferencia de Kampala de 2010, también sobre el delito de persecución como categoría autónoma dentro de los crímenes de lesa humanidad.
El término "persecución política" en el derecho internacional penal no equivale al uso coloquial que suele dársele en debates domésticos. Para configurarse como crimen de lesa humanidad, la conducta debe darse en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque. La sola denuncia ante la CPI no implica una imputación automática: corresponde a la Fiscalía del tribunal, hoy a cargo de Karim Khan, evaluar si existen Bases Procedurales suficientes para abrir un examen preliminar.
Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma desde 2009 y la CPI ejerce jurisdicción sobre hechos cometidos en su territorio o por nacionales desde el 1 de noviembre de 2009 en adelante. En ese marco, la Fiscalía ya adelanta desde 2021 el Examen Preliminar número III sobre la situación en Colombia, centrado en conductas atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y grupos paramilitares. Cualquier nueva solicitud relacionada con el país se sumaría a ese expediente o podría motivar una línea complementaria, según lo que determine el análisis de la Fiscalía.
El cruce entre un expresidente y su sucesor ante un tribunal internacional marca un precedente en la historia reciente del país. Hasta ahora las denuncias ante la CPI por temas colombianos habían provenido de organizaciones sociales, víctimas y, en casos recientes, también de disidencias políticas. Que un exmandatario acuda directamente con señalamientos contra quien lo relevó en la Casa de Nariño añade un componente institucional de alto nivel a la controversia.
Para la ciudadanía, la radicación significa que el caso queda formalmente en estudio y que cualquier decisión sobre abrir o no una investigación preliminar puede tardar meses, o incluso años, dada la acumulación de solicitudes que recibe el tribunal. Mientras tanto, el debate público se concentra en la veracidad de los hechos denunciados y en la respuesta oficial del Gobierno, que según la misma nota no se había pronunciado al cierre del reporte.
Queda pendiente la reacción oficial del presidente De la Espriella y de su equipo cercano. También se espera conocer si la Fiscalía de la CPI comunica públicamente la decisión de adicionar el examen preliminar existente o abrir uno nuevo, paso que suele anunciarse mediante comunicados oficiales del tribunal.