Fabio Arjona, recién posesionado como ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo de la Espriella, abrió el debate sobre el rumbo ambiental de la nueva administración al referirse al fracking. En sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, el funcionario confirmó que esta técnica de extracción de hidrocarburos forma parte de la agenda del Ejecutivo, aunque condicionó su aplicación a un principio de exclusión territorial.
Según lo recogido por Infobae, Arjona sostuvo que el modelo de extracción mediante fracturamiento hidráulico no se ejecutará en todas las zonas del país. El jefe de la cartera ambiental señaló que quedan por fuera los resguardos indígenas, los parques naturales y, en general, las áreas protegidas del territorio nacional. Esa delimitación, indicó, será la base sobre la cual se construya la política de exploración en yacimientos no convencionales.
El Ministerio de Ambiente tiene entre sus funciones principales la formulación de políticas de conservación de ecosistemas, la gestión de áreas protegidas y la expedición de los permisos y licencias ambientales que requieren los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales. Cualquier decisión sobre fracking debe coordinarse con el Ministerio de Minas y Energía, que define los bloques donde se permite la actividad, y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que administra los contratos.
Colombia ha vivido un ciclo de vaivenes en torno al fracking. En años recientes, el Consejo de Estado emitió fallos que restringieron la actividad en ciertas regiones, mientras el Gobierno anterior avanzó en pilotos de investigación en el Valle Medio del Magdalena. La llegada de Arjona marca un giro discursivo hacia una postura favorable a la exploración, siempre que se respeten las zonas que el propio Ministerio administra como áreas de especial protección.
El anuncio tiene implicaciones directas para las comunidades que habitan en zonas rurales alejadas de los resguardos y parques. Si la actividad se habilita en otros municipios, los pobladores enfrentarán cambios en el uso del suelo, llegada de empresas operadoras y eventuales discusiones sobre consulta previa. Organizaciones ambientales y comunidades campesinas suelen alertar sobre impactos en fuentes hídricas y en la biodiversidad de zonas no protegidas pero ambientalmente sensibles.
Para el sector empresarial, la señal de un ministro de Ambiente dispuesto a evaluar proyectos de yacimientos no convencionales representa un mensaje de previsibilidad. La industria de hidrocarburos venía reclamando reglas claras para reactivar inversiones, en un contexto de caída gradual de las reservas probadas del país. Las declaraciones de Arjona sugieren que la nueva administración apuesta por compatibilizar la actividad extractiva con la protección de áreas estratégicas.
Quedan pendientes definiciones operativas que el Ministerio deberá precisar en las próximas semanas. Entre ellas, el procedimiento para delimitar con exactitud los bloques excluidos, los criterios técnicos que se exigirán para los estudios de impacto ambiental y la manera como se articulará la política con la transición energética que el propio Gobierno ha mencionado como uno de sus ejes. También se espera la postura del Ministerio de Minas y Energía, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre las palabras del nuevo titular de la cartera ambiental.
La discusión se trasladará ahora al Congreso y a las instancias judiciales, donde las decisiones sobre fracking han tenido históricamente un peso decisivo. Sectores ambientales y académicos preparan sus observaciones al marco que se avecina, mientras las regiones potencialmente afectadas esperan conocer con precisión los mapas y cronogramas que el Ministerio de Ambiente presente en lo sucesivo.