Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos, hizo pública una solicitud al Gobierno nacional para diseñar y poner en marcha un esquema público-privado de aseguramiento frente a desastres. La petición fue divulgada por el portal de economía ABC Economía, que reseñó la iniciativa gremial y los lineamientos generales del modelo propuesto.
Colombia enfrenta de manera recurrente eventos como sismos, inundaciones, deslizamientos y sequías, que generan pérdidas económicas tanto en infraestructura pública como en vivienda y sectores productivos. Una parte importante de esos daños no está cubierta por pólizas de seguros, lo que obliga al Estado y a los hogares a asumir los costos de la reconstrucción con recursos presupuestales o con créditos de largo plazo.
El modelo propuesto por Fasecolda se apoya en la experiencia internacional de países que combinan incentivos del Estado con la capacidad técnica y financiera del sector asegurador privado. Bajo este tipo de esquemas, el Gobierno suele definir las condiciones de suscripción, aporta subsidios focalizados o reaseguros y entrega información sobre zonas de riesgo, mientras las aseguradoras comercializan las pólizas, atienden siniestros y gestionan el riesgo.
Para las compañías aseguradoras, la formalización de un esquema conjunto permitiría ampliar la base de asegurados en un país con baja penetración de los seguros frente a catástrofes naturales. En la práctica, los seguros catastróficos cubren una proporción reducida del inventario de viviendas y de la infraestructura municipal, lo que limita la capacidad de respuesta cuando ocurre un evento de gran magnitud.
El sector público, por su parte, podría reducir la presión fiscal que implica atender cada emergencia con partidas extraordinarias. La cobertura asegurada, según la lógica del modelo, desplaza parte del costo de la reconstrucción hacia el sector financiero, con reglas claras y con el respaldo de reaseguradores internacionales. Esto facilita planificar la recuperación y reduce la dependencia de decretos de emergencia.
La propuesta llega en un momento en el que los efectos del cambio climático han incrementado la frecuencia e intensidad de algunos eventos hidroclimatológicos en el territorio colombiano. Regiones como la costa Caribe, los llanos Orientales y zonas andinas han registrado temporadas de lluvias prolongadas, mientras el Pacífico colombiano enfrenta amenazas sísmicas y de tsunami que requieren protocolos específicos.
La solicitud también pone sobre la mesa el papel de los entes territoriales. Los municipios, que en Colombia concentran la primera línea de atención de emergencias, suelen tener baja capacidad financiera para contratar pólizas catastróficas. Un esquema público-privado podría incluir aportes del nivel nacional, esquemas mancomunados entre municipios y alianzas con aseguradoras para ampliar la cobertura en zonas vulnerables.
Fasecolda no entregó en su comunicación detalles sobre el costo fiscal del esquema ni el porcentaje de subsidio que propondría, según el reporte del medio. Queda pendiente que el Gobierno nacional convoque mesas de trabajo con el gremio, las superintendencias Financiera y de Servicios Públicos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los Ministerios de Hacienda e Interior para discutir la viabilidad técnica, legal y presupuestal del modelo.
De concretarse, la iniciativa podría convertirse en un instrumento estructural para la gestión del riesgo en Colombia, al pasar de respuestas coyunturales a un sistema permanente de transferencia de pérdidas. El alcance final dependerá de los ajustes que acuerden el Ejecutivo, el Congreso y el sector asegurador en los próximos meses.