El presidente Abelardo de la Espriella impartió una orden directa al INPEC para trasladar a veinte internos que se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios de Barranquilla hacia penitenciarías de Bogotá, según reportó el medio Pulzo.
La decisión se acompaña de un anuncio de mayor alcance: el fin de las denominadas zonas de confort dentro del sistema penitenciario colombiano, una expresión que el gobierno viene utilizando para describir los privilegios y condiciones irregulares que, según sus señalamientos, existen al interior de algunas cárceles.
El INPEC, instituto encargado de la custodia y vigilancia de la población privada de la libertad en Colombia, será la entidad operativa que ejecute la orden presidencial. Hasta el momento no se han detallado los penales de origen ni de destino de los internos trasladados.
Las llamadas zonas de confort han sido un tema recurrente en el debate público sobre el sistema carcelario colombiano. Periodistas, organismos de control y víctimas han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de celas con comodidades indebidas, acceso no regulado a comunicaciones y beneficios que no corresponden al régimen de reclusión.
La figura del traslado de internos entre centros de reclusión es una facultad que la legislación colombiana otorga a la autoridad penitenciaria, generalmente cuando se requieren medidas de seguridad, razones disciplinarias o procesos de resocialización. En este caso, la orden proviene directamente del jefe de Estado, lo que le imprime un carácter excepcional.
Para los ciudadanos, las medidas anunciadas pueden tener implicaciones tanto en materia de seguridad como de derechos humanos. De un lado, el gobierno plantea que romper las zonas de confort reduce el margen de maniobra de estructuras criminales dentro de las cárceles. Del otro, organizaciones de defensa de los reclusos suelen advertir sobre las consecuencias de los traslados forzosos para la integridad física y la estabilidad emocional de los internos.
Las reacciones políticas frente al anuncio aún no se conocen en detalle. Sectores vinculados a la defensa de derechos humanos y a la oposición política suelen solicitar transparencia sobre los criterios que se utilizan para decidir quién es trasladado y bajo qué garantías se ejecuta la medida.
Queda pendiente la publicación del listado oficial de internos trasladados, los penales involucrados y los protocolos de seguridad dispuestos por el INPEC. También se desconocen los indicadores que el gobierno empleará para medir si las zonas de confort efectivamente terminan desapareciendo del sistema carcelario.
La orden se inscribe dentro de la línea de gobierno de De la Espriella orientada a intervenir el sistema penitenciario con medidas directas y de alto perfil. El alcance real de la decisión se verá en las próximas semanas, cuando se conozcan los detalles del operativo y las reacciones de los organismos de control y la sociedad civil.