El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo que la administración de Gustavo Petro abrió durante su mandato como parte de la política conocida como “paz total”. El anuncio fue reportado por El Colombiano y supone el fin de una de las banderas más visibles de la anterior gestión en materia de orden público.
La “paz total” fue la estrategia mediante la cual el gobierno de Petro buscó abrir conversaciones simultáneas con grupos armados organizados, estructuras del narcotráfico y bandas criminales. Para ello se reformó la Ley 2272 de 2022, que permitió mesas de diálogo con organizaciones que históricamente habían sido excluidas de los procesos de negociación, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las antiguas FARC.
Las mesas se desarrollaron en medio de fuertes cuestionamientos por la violencia que siguieron protagonizando esos mismos grupos en distintas regiones del país. Sectores políticos y de seguridad pidieron en reiteradas oportunidades suspender los acercamientos ante hechos como el asesinato de firmantes de paz, la activación de carros bomba y los secuestros masivos. La postura del nuevo gobierno es que esos espacios no dieron los resultados esperados.
El cierre implica que el Ejecutivo deja sin interlocución formal a las organizaciones con las que se venía hablando, lo que devuelve la presión militar y operativa sobre esas estructuras a primer plano. Para los ciudadanos, el cambio significa un regreso a la lógica de confrontación directa, aunque también abre el debate sobre si esa vía ha sido suficiente para proteger a las comunidades en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de comunidades en territorios han pedido en el pasado que cualquier decisión sobre los diálogos se tome con criterios claros de verificación y ceses al fuego verificables. También han reclamado que los procesos no se suspendan sin alternativas de protección para los excombatientes que ya habían entregado las armas, como los firmantes del acuerdo de 2016.
A nivel institucional, la disolución de las mesas deja en suspenso el futuro de los espacios técnicos que se habían creado para esos procesos, como los comités de verificación y los equipos negociadores. Algunas de esas instancias habían involucrado a la Iglesia católica, a la ONU y a países garantes, por lo que el cierre obliga a redefinir el papel de esos acompañantes en la nueva estrategia.
El gobierno no ha detallado aún cuál será el mecanismo que reemplazará los diálogos, aunque fuentes oficiales han señalado que se concentrarán en operativos de fuerza y en una política de sometimiento individual para quienes decidan acogerse a la justicia. Esa transición se produce mientras el país enfrenta nuevos picos de violencia en regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Pacífico, donde la presencia de grupos armados se ha intensificado.
La decisión de De la Espriella marca una ruptura simbólica con la política de su antecesor en uno de los temas más sensibles del orden público. Queda por verse cómo reaccionarán los grupos que estaban sentados en las mesas y si habrá represalias contra civiles o fuerzas de seguridad en las zonas donde el Estado ha perdido presencia. La implementación práctica del cierre y su cronograma concreto aún no han sido publicados de manera oficial.