El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto que prohíbe la importación a Colombia de productos elaborados bajo trabajo forzoso, según informó 360radio.com.co. La decisión apunta a alinear la regulación comercial colombiana con estándares internacionales sobre derechos humanos en las cadenas de suministro.
La medida se da en medio de las gestiones del Gobierno colombiano para conseguir una reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos. En las relaciones bilaterales, las prácticas laborales de los países exportadores son un factor que Washington suele considerar en sus decisiones comerciales.
El trabajo forzoso está prohibido por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los Convenios 29 y 105, que Colombia ha ratificado. Con este decreto, el país busca incorporar controles concretos que permitan revisar el origen de los productos antes de su entrada al mercado nacional.
El decreto firmado por el presidente establece la prohibición como una restricción de carácter general a la entrada de estos productos al territorio aduanero colombiano. La autoridad competente deberá definir los mecanismos de verificación y los procedimientos para detectar posibles casos de trabajo forzoso en las mercancías importadas.
Para los consumidores colombianos, la disposición podría traducirse en un mayor control sobre la procedencia de algunos bienes, especialmente en sectores donde la opacidad en las cadenas de producción ha sido señalada por organizaciones internacionales, como textiles, agroindustria y productos electrónicos. Aún no se detallan los efectos directos sobre precios o disponibilidad.
En el frente diplomático, la firma del decreto se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar su perfil en materia de derechos laborales. Washington, a través de la Ley de Tarifas y la Uyghur Forced Labor Prevention Act, ha endurecido sus propios controles a las importaciones, lo que hace previsible que el tema esté sobre la mesa en cualquier negociación comercial.
Sectores empresariales importadores deberán revisar sus proveedores y cadenas de suministro para asegurar que sus productos no hayan sido elaborados en condiciones de trabajo forzoso. El decreto podría implicar nuevas exigencias documentales en los trámites de nacionalización ante la Dian y las autoridades aduaneras, según lo que se reglamente en las próximas semanas.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto, las entidades encargadas de la verificación y el régimen sancionatorio aplicable a quienes intenten introducir al país productos que incumplan la prohibición. También está por definirse si la medida se aplicará de manera inmediata o entrará en vigencia de forma gradual.