El integrante del partido Comunes Pastor Alape descartó que los firmantes del acuerdo de 2016 con las Farc vayan a pedir asilo en el extranjero ante la inminente posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026. La afirmación la entregó al medio El Nuevo Siglo y busca cerrar la especulación que circulaba en algunos sectores sobre un posible exilio colectivo de excombatientes.
Alape, quien ha sido uno de los voceros del proceso de reincorporación, sostuvo que los firmantes piensan quedarse y seguir adelante con los compromisos asumidos dentro del acuerdo final. No mencionó solicitudes individuales de refugio y se limitó a fijar la posición del grupo en bloque, según el extracto publicado por la fuente.
El acuerdo de paz de 2016 fue firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc. Estableció un proceso de reincorporación política, social y económica para los excombatientes que depusieron las armas. Una parte de ellos se concentró en las zonas veredales de transición, mientras otros adelantan proyectos productivos y militan en el partido Comunes, surgido del proceso.
La declaración llega en un momento sensible. Con el cambio de mando en la Casa de Nariño, distintos sectores han expresado dudas sobre la continuidad de los compromisos del acuerdo. El nuevo gobierno ha planteado públicamente ajustes al proceso, lo que ha generado expectativa entre los excombatientes y las comunidades de los antiguos espacios territoriales de capacitación.
La apuesta por quedarse en el país marca un contraste con episodios anteriores en los que exlíderes guerrilleros salieron de Colombia. Pero esta vez, según el extracto de El Nuevo Siglo, no hay evidencia de que los firmantes estén gestionando solicitudes de asilo ante otras naciones. El mensaje es de permanencia y de defensa del proceso de reincorporación.
Para la Mesa de Conversaciones de Paz, las partes firmantes del acuerdo y la comunidad internacional, la posición de Alape resulta relevante. Una eventual migración masiva de firmantes habría sido leída como un signo de ruptura del proceso y habría abierto interrogantes sobre la seguridad de los excombatientes y sus familias en los territorios.
A la fecha, el gobierno entrante no ha anunciado una política pública integral frente a los firmantes del acuerdo de paz. La posesión del nuevo presidente marca el inicio de una nueva etapa en la que se deberán definir los ajustes, los recursos y los mecanismos de seguimiento a lo pactado hace casi una década.
Queda pendiente conocer la posición oficial del gobierno de De la Espriella sobre la reincorporación, así como los diálogos que se adelantarán con los voceros de los firmantes. Las declaraciones de Alape abren la puerta a un escenario de interlocución directa y dejan en evidencia que el debate central girará en torno a la implementación y los ajustes del acuerdo de 2016.