Según Infobae, excombatientes de las Farc y sus familias, congregados en Antioquia, pidieron al gobierno entrante de Abelardo de La Espriella que mantenga en marcha la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016. Los firmantes transmitieron su preocupación por la continuidad de los compromisos y pidieron un canal de diálogo directo con el nuevo Ejecutivo.
El encuentro dejó ver un clima de incertidumbre entre quienes dejaron las armas y avanzan en su reincorporación. Los asistentes subrayaron que la implementación no se limita a un solo Gobierno, sino que compromete al Estado colombiano en el largo plazo y que cualquier giro brusco afecta a familias y comunidades enteras que dependen de los programas de reincorporación.
El Acuerdo de La Habana, suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc en noviembre de 2016, estableció una hoja de ruta con seis puntos que incluyó el cese al fuego, la dejación de armas, la participación política de los excombatientes y medidas sobre tierras y víctimas. Su implementación se realiza a través de instituciones como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el Consejo Nacional de Reincorporación, con acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
En Antioquia, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, los procesos de reincorporación han tenido avances y también tropiezos. La región concentra varios antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y proyectos productivos de excombatientes, por lo que cualquier decisión del nuevo Gobierno sobre estos puntos tiene efectos directos en la seguridad y la economía local.
La solicitud de los firmantes se inscribe en una preocupación más amplia sobre el rumbo de la política de paz. Sectores sociales, organizaciones de víctimas y la comunidad internacional suelen insistir en que la implementación es un compromiso de Estado que trasciende los periodos presidenciales. Los firmantes pidieron, según Infobae, que el gobierno entrante escuche sus propuestas antes de tomar decisiones que modifiquen lo pactado.
Desde el ámbito institucional, el reto que enfrenta el gobierno de De la Espriella es doble: por un lado, evaluar el estado real de cada uno de los puntos del Acuerdo y, por otro, definir cómo se articula con los otros poderes del Estado y con los entes de control. En particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad son piezas que ya entregaron productos como el Informe Final y que siguen abiertas en distintas macrocasos.
Para la ciudadanía en general, lo que ocurra con la implementación del Acuerdo tiene efectos en la seguridad de los territorios, en la atención a las víctimas y en la permanencia de los procesos comunitarios. Cambios en la política de reincorporación, por ejemplo, pueden alterar la estabilidad de zonas donde el Estado aún no tiene presencia plena y donde otras economías ilegales siguen activas.
Los firmantes pidieron, además, que se mantenga la interlocución con instancias como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Mesa de Monitoreo, donde tienen asiento junto con delegados del Gobierno y de la ONU. El llamado central fue que el nuevo Ejecutivo abra un canal directo y no tome decisiones unilaterales que comprometan lo ya avanzado.
Queda por verse cuál será la respuesta formal del gobierno de De la Espriella y si convocará mesas de trabajo con los firmantes en las regiones. La implementación del Acuerdo seguirá siendo observada por la comunidad internacional, las víctimas y los propios excombatientes, que esperan señales concretas sobre el rumbo que tomará la política de paz en esta nueva etapa.
En resumen, el pedido de los firmantes en Antioquia pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo se concilia la decisión soberana de un nuevo Gobierno con los compromisos de Estado asumidos en La Habana? La respuesta a esa pregunta marcará los próximos años de la reincorporación, la seguridad en los territorios y la confianza de las víctimas en el proceso de paz.