Firmantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 pidieron a la Presidencia de la República mayor claridad sobre los compromisos pactados con el Estado colombiano. La solicitud llega en un momento en el que el Gobierno nacional adelanta reformas institucionales y ha dispuesto el cierre de algunas dependencias, según reportó 360 Radio.
El pedido fue formulado por excombatientes y líderes sociales que hacen parte de los espacios de seguimiento al Acuerdo. Ellos aseguran que la reorganización administrativa ha generado incertidumbre sobre la continuidad de los programas dirigidos a la reincorporación y a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
El Acuerdo de Paz estableció una hoja de ruta con compromisos distribuidos entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y organismos internacionales. Su implementación incluye puntos como la reincorporación económica y social de los excombatientes, la garantía de derechos a las víctimas, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la presencia estatal en zonas históricamente abandonadas.
Uno de los puntos que más preocupa a los firmantes tiene que ver con los compromisos pactados para el periodo 2026-2030. Estos acuerdos fueron concebidos como una segunda fase de implementación, enfocada en cerrar los pendientes y consolidar los avances logrados desde la firma inicial del texto.
La reorganización institucional adelantada por el Ejecutivo ha incluido el cierre o fusión de dependencias que, hasta hace poco, tenían funciones específicas dentro de la implementación. Para los líderes firmantes, este tipo de decisiones administrativas no deberían traducirse en un debilitamiento de las políticas públicas dirigidas a los excombatientes.
El pedido a la Presidencia también incluye la necesidad de garantizar la participación efectiva de los firmantes en los espacios de decisión. Ellos recuerdan que el Acuerdo contempla mecanismos de seguimiento donde la voz de las comunidades y de los excombatientes es parte fundamental para verificar los avances.
Organizaciones sociales que acompañan el proceso han expresado que la falta de señales claras puede poner en riesgo la confianza construida durante casi una década de implementación. La reincorporación de miles de personas depende, en buena medida, de la continuidad de los proyectos productivos, los esquemas de seguridad y los programas de salud y educación.
La respuesta del Gobierno será clave para definir el rumbo de la implementación en los próximos años. Si bien las reformas administrativas pueden responder a una lógica de eficiencia, los firmantes piden que esa reorganización no afecte los derechos adquiridos ni los compromisos firmados en el Acuerdo.
Queda pendiente una comunicación oficial de la Presidencia frente a las dudas planteadas. Los firmantes esperan que el Gobierno detalle cómo se garantizarán los compromisos del periodo 2026-2030 y qué entidades asumirán las funciones de las dependencias cerradas o reestructuradas.
La fuente consultada para esta nota fue 360 Radio, medio que reportó la solicitud de los firmantes y el contexto de las reformas institucionales en curso.