El derecho de petición fue presentado por firmantes del Acuerdo de Paz ante el presidente Abelardo de la Espriella. En el documento reclaman acceso a los estudios técnicos, conceptos jurídicos, cronogramas, presupuestos, responsables y copias de los actos administrativos o borradores que sustenten cualquier modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP.
La JEP es el componente de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Su función es investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, además de imponer penas restaurativas a quienes comparezcan.
El derecho de petición es una figura legal contemplada en la Constitución colombiana y en la ley. Cualquier persona puede usarlo para solicitar información o documentos a entidades públicas y a servidores del Estado. Las autoridades tienen plazos claros para responder, generalmente de quince días hábiles, salvo excepciones legales.
Los firmantes que presentaron la solicitud pertenecen a comunidades y organizaciones que suscribieron compromisos en el proceso de paz. Buscan conocer de primera mano si el Gobierno prepara ajustes al funcionamiento o a la estructura de la JEP, y qué fundamentos tendría esa decisión. El pedido incluye borradores, lo que sugiere que los peticionarios sospechan que ya existe trabajo interno sobre el tema.
La petición llega en un momento en el que la JEP avanza en varios macrocasos y en la toma de decisiones sobre comparecencias, contribuciones a la verdad y sanciones. Cualquier cambio en su diseño institucional o en su presupuesto tendría efectos directos sobre las víctimas, los procesados y la confianza en el cumplimiento del Acuerdo. Por eso, firmantes y organizaciones de víctimas suelen vigilar de cerca las decisiones que puedan afectar su funcionamiento.
La fuente, Infobae, no registra por el momento una respuesta pública del Gobierno sobre la solicitud. Tampoco detalla si la Presidencia la recibió formalmente, si la trasladó a otra entidad o si pidió prórroga para contestarla. Lo que sí queda claro es que los firmantes buscan que cualquier decisión sea transparente, trazable y con soporte documental.
En Colombia, los derechos de petición relacionados con asuntos de paz han sido empleados en otras ocasiones para pedir claridad sobre la implementación de los acuerdos, la asignación de recursos o la continuidad de programas. Estos pedidos suelen derivar en respuestas formales, en mesas de trabajo o, en algunos casos, en acciones judiciales si la administración no contesta dentro de los plazos.
Por ahora, la solicitud queda radicada y a la espera de respuesta. Si el Gobierno accede a entregar la información, los firmantes podrán evaluar si los cambios anunciados tienen sustento técnico y jurídico. Si no responde o lo hace de forma incompleta, los peticionarios podrían escalar el caso a instancias judiciales o a la Procuraduría, como ocurre cuando una entidad no atiende un derecho de petición en debida forma.