Según la información publicada por Impacto News, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizó el pasado lunes 28 de septiembre una diligencia de allanamiento en la sede de Activos por Colombia, ubicada en Barranquilla. El procedimiento se enmarca en una investigación por presunta corrupción y manipulación de información al interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Durante la diligencia fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses. El objetivo, según la fuente, es asegurar la evidencia digital y determinar las responsabilidades penales pertinentes de quienes habrían participado en las irregularidades investigadas.
La Sociedad de Activos Especiales es la entidad del Estado colombiano encargada de administrar, recuperar y disponer los bienes que han sido extinguidos o que han pasado a manos del Estado por distintas vías judiciales. Activos por Colombia, como filial o operador vinculado a la SAE, participa en la gestión de ese inventario, que incluye inmuebles, sociedades y activos financieros decomisados a organizaciones criminales y a personas vinculadas a investigaciones por narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.
Por esa razón, cualquier irregularidad en el manejo de la información al interior de la SAE o de sus operadores tiene repercusiones directas sobre la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en la lucha contra la corrupción. La manipulación de datos podría afectar el seguimiento a los bienes bajo custodia del Estado y, en consecuencia, los procesos de reparación a víctimas y el combate patrimonial al crimen organizado.
Hasta el momento, la información disponible no detalla los nombres de los investigados ni los montos o bienes que estarían comprometidos en las presuntas irregularidades. Tampoco se reportan capturas derivadas del procedimiento. La Fiscalía continúa con las indagaciones correspondientes y el análisis de los elementos incautados será determinante para esclarecer los hechos.
El caso queda en manos de los fiscales de la Seccional Atlántico, quienes deberán definir si se producen imputaciones, si se solicitan medidas de aseguramiento o si el expediente se remite a otra instancia de la Fiscalía. La SAE, por su parte, no ha emitido hasta ahora una comunicación pública sobre los hechos reportados por la fuente.
La ciudadanía atlanticense y, en general, los colombianos esperan claridad sobre lo ocurrido en una entidad clave para la recuperación de activos del Estado. Investigaciones de este tipo suelen tomar varios meses antes de arrojar resultados concretos, pero el inicio de la diligencia marca un paso formal en el esclarecimiento de los hechos denunciados.