La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, firmó una resolución para reactivar las órdenes de captura contra siete exrepresentantes de Comuneros del Sur, una organización armada ilegal que venía participando en conversaciones con el Gobierno. La reactivación se produjo después de que el proceso de diálogo se interrumpiera, según reportó el medio El Contraste.
Comuneros del Sur es un grupo armado que opera principalmente en el sur de Colombia y que en los últimos años sostuvo acercamientos formales con el Ejecutivo en busca de un posible acuerdo. La figura de suspensión de órdenes de captura suele emplearse como gesto de buena voluntad dentro de los procesos de paz, para que los voceros de las estructuras ilegales puedan participar en las mesas sin el riesgo inmediato de ser detenidos.
Cuando el diálogo se rompe o se suspende, la Fiscalía tiene la facultad legal de reactivar esos oficios, lo que en la práctica devuelve a los involucrados al estatus de buscados por las autoridades. En este caso, la decisión afecta a siete personas que habían sido exrepresentantes del grupo, no a la totalidad de su membresía.
La resolución firmada por Camargo Garzón llega en un contexto de revisión de las políticas de negociación con estructuras armadas. El Gobierno nacional ha mantenido conversaciones paralelas con varios grupos, al tiempo que las Fuerzas Militares sostienen operaciones contra organizaciones que no se han acogido a ningún proceso. La reactivación de capturas se convierte así en una señal sobre los límites de la tolerancia institucional frente al incumplimiento de los compromisos asumidos en mesa.
Para las comunidades del sur del país, donde Comuneros del Sur tiene presencia, el cambio tiene efectos prácticos: los siete exvoceros pierden la protección temporal que les permitía circular sin riesgo de detención. A la vez, las comunidades temen eventuales retaliaciones o un escalamiento del conflicto armado en sus territorios, algo que ha sido una constante en zonas donde los procesos de paz se interrumpen.
En el plano institucional, la medida también es un mensaje sobre el rol que la Fiscalía se reserva dentro de los diálogos. El ente acusador no firma los acuerdos políticos, pero sí controla los beneficios procesales que se conceden a los participantes. Reactivar las capturas significa que, desde el punto de vista penal, los compromisos no cumplidos tienen consecuencias concretas.
Organizaciones de derechos humanos han subrayado en otras oportunidades la importancia de diferenciar entre los liderazgos de los grupos armados y las bases, así como de proteger a las comunidades civiles que habitan las zonas de influencia. La reactivación de estas siete órdenes de captura se concentra en exrepresentantes, no en la población en general, pero abre interrogantes sobre cómo se gestionará la seguridad en los territorios donde Comuneros del Sur tiene influencia.
Por ahora, las autoridades competentes deberán ubicar y judicializar a las siete personas señaladas. Queda pendiente si el Gobierno nacional abrirá una nueva fase de conversaciones con Comuneros del Sur o si, por el contrario, la ruptura se consolidará como el cierre definitivo del proceso, con la Fiscalía asumiendo el papel protagoner en el seguimiento penal de los exvoceros.