La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura que pesaban sobre 46 exnegociadores armados, entre ellos alias Calarcá, quienes participaban en una mesa de diálogos con el gobierno nacional, según reportó La FM. La medida incluye la suspensión de los beneficios judiciales que esos cabecillas habían recibido como parte del proceso de conversación.
La decisión se produjo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara el cierre de los diálogos con esa estructura armada, poniendo fin a un proceso que había sido impulsado durante la administración de Gustavo Petro. Con la reactivación de las órdenes, los exnegociadores vuelven a tener pendiente su situación judicial ante la justicia ordinaria.
Alias Calarcá, cuyo nombre real es Carlos Antonio Lozada, es una figura conocida del antiguo secretariado de las FARC que en los últimos años se había vinculado a disidencias activas. Junto con él, otros 45 cabecillas quedan nuevamente expuestos a acciones legales de la Fiscalía, que ahora avanza en los trámites para hacer efectivas las capturas.
Durante la etapa de diálogos, los exnegociadores habían recibido beneficios como suspensión de órdenes de captura y la posibilidad de circular sin ser detenidos, condiciones habituales en estos procesos para facilitar la interlocución. Con el cierre de la mesa, esos beneficios quedan sin efecto y la justicia retoma el curso de los procesos penales que estaban en pausa.
La movida marca un giro en la política de paz del nuevo gobierno, que había anunciado desde su llegada al poder que revisaría los acercamientos con grupos armados no cubiertos por acuerdos vigentes. El cierre de la mesa con este grupo se suma a otras decisiones en materia de orden público que el gobierno de De la Espriella ha venido adoptando en sus primeros meses de gestión.
La Fiscalía no ha precisado hasta el momento cuántos de los 46 exnegociadores se encuentran en territorio colombiano o en el extranjero, un dato clave para evaluar la efectividad operativa de las capturas. Tampoco se conocieron reacciones formales de los afectados ni de sus abogados, aunque se espera que en las próximas horas se pronuncien sobre los alcances jurídicos de la decisión.
El cierre de los diálogos también reabre el debate sobre el futuro de los procesos de negociación con estructuras armadas que operan fuera del Acuerdo de Paz de 2016. Sectores políticos han pedido claridad sobre la estrategia integral de seguridad del gobierno, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por los riesgos que enfrentan las comunidades en zonas donde estos grupos tienen presencia.
Por ahora, la orden de captura queda formalmente activa y la Fiscalía deberá coordinar con la Fuerza Pública para ejecutar las detenciones. El seguimiento a este expediente judicial será clave para medir el alcance real de la decisión presidencial sobre los diálogos con grupos armados en Colombia.